La consejera de Hacienda, Elma Saiz, advirtió al consejero de Desarrollo Económico, Mikel Irujo, de que la operación de compra de mascarillas al inicio de la pandemia podía tener consecuencias penales. Lo hizo en una reunión celebrada a medidos de agosto, en la que Saiz aludió a unos “papeles de trabajo” que acompañaban al informe de Intervención. Irujo ha dicho que fue una comunicación “verbal” de la que nada más supo después, pero que motivó el cese de la directora de Sodena, Pilar Irigoyen.
Según ha relatado este miércoles Irujo durante una comparecencia parlamentaria, el 17 de agosto la titular de Hacienda se reunió con el vicepresidente José Mari Aierdi y el propio consejero de Desarrollo Económico, ambos de Geroa Bai, para analizar el informe de Intervención, en el que se cuestionaba la operación realizada entre Sodena, la CEN y la empresa Albyn para comprar mascarillas al inicio de la pandemia. La adquisición, y la falta de acuerdo entre las tres partes, ha dejado finalmente 1,7 millones de mascarillas almacenadas y unas pérdidas cercanas a los 1,6 millones.
Aquel informe de Intervención concluía que Sodena incumplió la Ley de Hacienda porque no solicitó la autorización previa del Consejo de Gobierno, lo que llevó a la consejera Elma Saiz a remitir las concluyes a la Cámara de Comptos para su posible análisis. Sus conclusiones se han hecho públicas ahora y, según señala, la operación, pese a algunas “deficiencias” se llevó a cabo dentro de la normativa vigente y fue “transparente”.
Reunión con Hacienda
Es el aquel contexto en el que se produce la reunión entre Irujo, Aiedi y Saiz. Allí, es la consejera de Hacienda traslada a sus compañeros de Gobierno la existencia de “unos papeles de trabajo” que acompañan al informe inicial de Intervención, en los que se recogen “posibles evidencias de negligencia y responsabilidad contable, que incluso podían constituir alguna tipología enmarcada en el código penal”.
Un día más tarde, el 18 de agosto, se celebra una nueva reunión, esta vez entre la consejera de Hacienda, Irujo y el Interventor General, Iñaki Arrizabalaga. Ambos, reiteran la posible existencia de consecuencias penales por la operación de Sodena, pero lo hacen “de manera verbal”. “No dispongo de más información o documentación al respecto, e ignoro completamente el contenido de dicho papel de trabajo y si se dio o no traslado a la Cámara de Comptos de éste, puesto que no se me informó de ello”, ha relatado hoy Irujo.
Sin embargo, y ante las advertencias de Hacienda y “sin recibir ningún tipo de información añadida”, Irujo opta por relevar de su cargo a la hasta entonces directora gerente de Sodena, Pilar Irigoyen. Decisión que, a la vista de las conclusiones de Comptos, y la ausencia de proceso penal ni irregularidades probadas, ahora puede parece excesivo. Sin embargo, Irujo se ha ratificado hoy en la decisión. “Considero que el cese de la directora gerente de Sodena fue prudente y acertado”, ha concluido Irujo.
Críticas de Navarra Suma y EH Bildu
Los hechos relatados por Irujo han sido calificados de “graves” por Navarra Suma y por EH Bildu, que han criticado que no se hubiera relatado hasta ahora.
La portavoz de Navarra Suma, Cristina Ibarrola, se ha mostrado alarmada y ha recordado que, por ley, cualquier funcionario que conozca un hecho delictivo está obligado a acudir ante la fiscalía. “Ha habido un pacto de silencio”, ha denunciado Ibarrola que, sin embargo, ha dejado ver que conocía la conversación entre Saiz e Irujo antes de la comparecencia de hoy. Incluso ha hecho referencia a la misma en su intervención inicial.
Por parte de EH Bildu, su portavoz Adolfo Araiz, ha mostrado su sorpresa por los detalles expuestos por el consejero y ha cuestionado si decidió el cese de Irigoyen solo por una “comunicación verbal”. Araiz ha reprochado también a Navarra Suma que no haya hablado sobre esta cuestión hasta ahora, y ha emplazado al Gobierno a informar con mayor detalle sobre toda operación.