Una banda acusada de prostituir mujeres venezolanas en Donostia se sentará en el banquillo a partir de la semana que viene

El próximo jueves, 14 de septiembre, comenzará el juicio contra cinco hombres y dos mujeres acusados de formar una banda hispano-venezolana que obligaba a mujeres venezolanas a prostituirse "sin descanso, 24 horas diarias, siete días semanales", en varios pisos de Donostia. Así se recoge en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía que pide para los detenidos penas de cárcel que oscilan entre los 4 y los 158 años, según su grado de implicación. El juicio tendrá lugar en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa y en él participarán varios testigos protegidos.

Los miembros de esta banda están acusados de obligar a ejercer la prostitución a 7 mujeres, naturales de Venezuela y que fueron introducidas de forma ilegal en el Estado Español. Al parecer, varios de los acusados se encargaban de contactar con las víctimas en su país de origen a las que ofrecían un trabajo como "cuidadoras, limpiadoras o recepcionistas" fuera de Venezuela. A algunas de las mujeres, sin embargo, sí les advirtieron de que realizarían trabajos de prostitución aunque les prometieron "condiciones más humanas" que la "indignidad" que finalmente sufrieron.

Además, cuando las mujeres llegaban a Donostia eran recibidas por varios miembros de la banda que las repartían en diferentes pisos de la capital guipuzcoana. Entonces, las víctimas se percataban de que la oferta de trabajo era inexistente y que serían obligadas a ejercer la prostitución. Para más 'inri', las mujeres tenían que trabajar "de forma gratuita" hasta reembolsar a la banda el precio de sus billetes de avión. Después de eso, solo recibían el 50% de las ganancias que obtenían. Estos hechos se habría registrado entre los años 2017 y 2019.

Entre los acusados, un piloto de avión

Entre los cinco hombres y dos mujeres que se sentarán, a partir del 14 de septiembre, en el banquillo de los acusados hay un piloto de avión que trabajaba para dos aerolíneas regulares y que facilitaba a la banda billetes de avión "a menor coste", sabiendo que iban a ser empleados para el transporte de las víctimas.

Entre los acusados también figura el responsable de un alojamiento rural de Burgos que presuntamente proporcionaba "falsas reservas hoteleras" para "generar la apariencia" de que la estancia de las perjudicadas en el Estado Español tenía "fines turísticos".