Temor, dependencia emocional o económica, infravaloración del riesgo, presión del entorno. Los factores que pueden llevar a una víctima de violencia machista a no declarar contra su agresor o solicitar que se levante una orden de alejamiento son múltiples y los expertos piden tenerlos en cuenta para protegerlas. El pasado año, según la información recopilada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 16.839 mujeres presentaron una denuncia por violencia de género y posteriormente renunciaron a prestar declaración contra su agresor, un 9,5% del total.
El debate se ha reabierto tras el reciente asesinato machista en Gasteiz de Maialen Mazón, una mujer que había pedido cancelar la orden de alejamiento que pesaba sobre su expareja, o la decisión del juez de Colmenar Viejo (Madrid) que, también a petición de la mujer, anuló la orden que dictó para protegerla tras retirar al matrimonio la custodia de sus ocho hijos por presunto maltrato. “Las prerrogativa de renunciar a una orden de protección no existe en la ley”, resalta la abogada Ángela Alemany, de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, quien apunta que solo el juez tiene esa potestad.
Aunque la víctima decida dar un paso atrás la investigación de los casos de violencia machista debería seguir abierta, dado que se trata de un “delito de oficio”, explica la abogada, quien subraya que una agresión de este tipo “es perseguible independientemente de lo que diga la víctima”.
Pese a ello, su declaración “es muy importante” porque, aunque haya incluso lesiones físicas, “si no se acredita cómo se han efectuado no existe la prueba”. Cuando la mujer decide no declarar o retirar la denuncia, lamenta, “es muy difícil seguir con la acusación o que se dicte una sentencia condenatoria”.
La confianza en que cambiará
Entre las razones por las que estas mujeres deciden dar un paso atrás destacan la “situación de especial vulnerabilidad” de las víctimas y el aislamiento de su entorno que los agresores suelen provocar, según explica la profesora titular del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Sevilla e investigadora especializada en violencia de género María Jesús Cala.
Otros motivos son la “minusvaloración del riesgo que corren” derivada de la convivencia diaria con la violencia que sufren o los “mitos del amor romántico”, que dificultan la ruptura al hacerles sentir “responsables” y les generan la “creencia falsa de que él va a cambiar”, concreta la experta.
Además, las víctimas son conscientes de que cuando manifiestan la intención de separarse o denuncian “su riesgo se incrementa”, advierte Cala, para quien es importante “no responsabilizar” a estas mujeres de la violencia que sufren porque “hacen todo lo posible por salir de ella, y a veces creen que dando segundas oportunidades a su pareja la situación puede cesar”.
La dispensa de la obligación de declarar contra un familiar es la principal causa que motiva el sobreseimiento de un procedimiento o una sentencia absolutoria, aunque en la última memoria de la Fiscalía se señalaba que la reforma aprobada en 2021 para limitar ese derecho parecía que empezaba a dar frutos.
En corto
Reforma. La Fiscalía advierte de que una reforma que buscaba proteger a las víctimas y erradicar los espacios de impunidad podía incluso volverse en contra de la mujer si no se investigaban las causas que la llevaban a adoptar esa postura, como el temor a su agresor, la dependencia emocional de él o la presión del entorno. Subrayaba así la necesidad de realizar interrogatorios no revictimizantes y de tener en cuenta todas las circunstancias que rodean las declaraciones y apuesta por una reforma que impida a las víctimas acogerse a la dispensa de no declarar.