Una delegación vasca alerta del uso de la violencia sexual como arma de guerra en Colombia

La delegación vasca que ha acudido a Colombia a conocer la situación de las personas y colectivos que han participado en el Programa Vasco de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos ha advertido de la utilización que se hace de la violencia sexual contra niñas y mujeres como arma de guerra.

Asimismo, ha trasladado su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y la Paz mediante el fortalecimiento del Programa Vasco de Protección, y ha mostrado su disposición a mantener espacios de dialogo con las instituciones colombianas y a seguir apoyando a las organizaciones, comunidades y colectivos que cada día apuestan por "vivir en un país en paz con justicia social, ambiental y de género".

Delegación vasca

La delegación, compuesta por Gobierno vasco, Parlamento Vasco y organizaciones sociales, ha visitado Colombia para dar seguimiento a la situación de las personas y colectivos que han participado en el Programa Vasco de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, según ha informado el Ejecutivo vasco.

El objetivo de esta misión es realizar un seguimiento a la situación personal y organizativa de las personas acogidas en Euskadi en los años 2022 y 2023 y visibilizar el apoyo institucional y organizativo vasco a sus procesos en defensa de los derechos humanos y del territorio.

La delegación ha constatado en los encuentros y reuniones mantenidas a lo largo de su visita que, a día de hoy, "el dolor, sufrimiento y violencia sigue siendo una constante en la vida diaria del país".

Denuncia

"Mostramos ante esta situación nuestro apoyo y solidaridad con los liderazgos sociales, las personas defensoras de derechos humanos y sus colectivos, pueblos indígenas, pueblo negro y comunidades campesinas, principales víctimas de las violencias y la reconfiguración del conflicto en los territorios. Reconocemos su compromiso y su legítima labor en la defensa de la vida y la construcción de la paz en Colombia", ha añadido.

En un comunicado, ha mostrado además su preocupación por la presencia de grupos armados ilegales en los territorios y el aumento de las violencias contra las comunidades rurales, además de la falta de garantías para la defensa de la vida en los territorios.

También ha alertado de la focalización de las amenazas y violencias contra los liderazgos sociales y el despliegue de diferentes estrategias de control social y territorial, como la cooptación de los liderazgos sociales, las prohibiciones de movilidad e imposición de normas de conducta, el confinamiento, toques de queda.

Violencia sexual

La presencia del narcotráfico y de otras economías ilícitas como elemento imprescindible para perpetuar la violencia y el conflicto en el país o el aumento del reclutamiento de niños, niñas y jóvenes, a menudo forzado, o mediante estrategias diversas de control como el microtráfico, el engaño o la coacción, también han sido otras cuestiones sobre las que han trasladado su preocupación.

"La utilización de la violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes como arma de guerra sigue siendo estrategia habitual en el marco del conflicto", ha añadido.

Por otro lado, ha advertido que "la insuficiente implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP con enfoque diferencial y de género". "Entendemos que la apuesta por una política pública de Paz Total no será posible si este Acuerdo no se implementa de manera integral en los territorios", ha añadido.

Ante esta situación, la delegación vasca reconoce la voluntad del Gobierno y los pasos dados en la definición de políticas públicas que generen cambios estructurales en el país, tales como las relativas a igualdad y derechos humanos.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones de la delegación vasca se encuentran una coordinación institucional para garantizar el derecho a la protección, el derecho a la no repetición y evitar la revictimización de las comunidades, así como el fortalecimiento de la presencia institucional en las zonas rurales mediante el desarrollo social, económico y cultural, con enfoque étnico y de género.

También se aconseja la participación de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en los procesos de paz y en la definición e implementación de los Planes de Desarrollo, así como el avance en las negociaciones con los distintos actores armados como elemento indispensable para el proyecto de Paz Total que incluya el impulso a la Ley de sometimiento a la justicia para bandas criminales.

Por otro lado, se recomienda dar impulso a una discusión amplia y participada sobre el modelo de protección, así como la incorporación del enfoque diferencial y de género, y su transversalización.

El fortalecimiento de los mecanismos de protección y control territorial propios de los grupos étnicos, el impulso de la reforma rural integral, tal y como prevé el capítulo 1 del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP y avanzar en la redistribución de tierras de los pueblos indígenas, pueblo negro y comunidades campesinas son otras de las recomendaciones realizadas.