Una enmienda del PNV puede eximir al Amorebieta de la obligación de convertirse en Sociedad Anónima

Tras el ascenso a la LaLiga SmartBank y según la Ley del Deporte de 1990, el Amorebieta estaba abocado a llevar a cabo una transformación en Sociedad Anónima Deportiva, según se les exige a los clubes que alcanzan las competiciones de LaLiga, para lo que contaba con un año de plazo. Pero finalmente, gracias a una enmienda del PNV a la Ley de Presupuestos, el club zornotzarra evitaría la obligación de su conversión.

Este nuevo marco se debería al pacto de una enmienda de carácter general que permitiría a los clubes profesionales elegir su condición en lugar de verse obligados a modificar la forma jurídica. Este acuerdo ya estaba previsto en el proyecto de ley que se tramita, pero el problema para la entidad que preside Jon Larrea radicaba en que la demora de la aprobación en el Consejo de Ministros y su tramitación podría obligar al Amorebieta a ejecutar la conversión a lo largo de esta campaña, a fin de cumplir con la normativa vigente, lo cual ya no sería necesario.

Cabe recordar que el Amorebieta tenía previsto convocar una asamblea en los próximos días para someter a la votación de los socios la decisión de conversión o no en Sociedad Anónima Deportiva. La aprobación era un requisito indispensable para poder permanecer en la segunda categoría del fútbol estatal la próxima temporada. El pasado 14 de octubre, el club convocó una asamblea informativa para sus 1.200 socios en la que se adelantó el asunto a tratar en esa nueva asamblea a celebrar este mes y con decisión vinculante. La idea era explicar el proceso al detalle y solventar las dudas que pudieran surgir al respecto.

En esa misma asamblea prevista para este mes, el club tenía previsto someter a votación el presupuesto para la campaña 2021-22, que es de 6,7 millones de euros, un 5% más de lo previsto el pasado verano y que supera la exigencia de los 4,7 que marcaba la ley para los clubes recién ascendidos a la categoría de plata, quienes gozan de un margen de dos años de incumplimiento del capital social mínimo requerido.