Una familia culpa al Gobierno de que su hijo de acogida aún no esté escolarizado

La descoordinación entre los departamentos de Derechos Sociales y Educación ha provocado que un menor tutelado por el Gobierno de Navarra y en situación de acogimiento familiar siga sin estar escolarizado once días después del inicio de curso. Esta es la denuncia que han hecho pública Beatriz Matías y Pablo Alvira, padres de acogida de un niño de 8 años a quien “se le está vulnerando su derecho a ir a la escuela”.

Esta pareja, que tienen un hijo biológico de 6 años, decidió hace unos meses iniciar los trámites para convertirse en familia de acogida. “Queríamos echar una mano. Teníamos espacio, energía e ilusión por ayudar y presentamos nuestra solicitud”, recuerda Alvira. La primera propuesta la rechazaron ya que era adolescente y “pensamos que no encajaba en nuestra familia”. En abril les ofrecieron la posibilidad de hacerse cargo de un niño de 8 años. Y aceptaron. Al mes llegó a su casa. “El niño estaba empadronado en una localidad de la Comarca de Pamplona y cuando vino a nuestra casa le empadronamos en nuestro barrio. Decidimos mantenerle en el colegio en el que estaba hasta final de curso por no causar estragos innecesarios”, explica Matías.

Información errónea

La subdirección de Familia y Menores (negociado de acogimiento familiar y adopción) les informó de que el cambio de colegio debía de hacerse a finales de agosto y así lo hicieron. “Hicimos la preinscripción en el colegio de nuestro hijo biológico y nos dijeron que casi seguro no habría problemas en que fuera admitido. Pero no lo fue y quedó en lista de espera. Nadie decía nada, no contestaban los correos y el día anterior al inicio de las clases fui a Escolarización y me dijeron que nos habían informado mal. Que no teníamos que haber hecho una preinscripción extraordinaria sino vía fuera de plazo. Es decir, podríamos haberla hecho en junio”, lamenta Alvira.

Esta familia regresó al día siguiente al colegio, retiró la preinscripción extraordinaria y entregó una nueva por la vía correcta. “El proceso si la solicitud se realiza como fuera de plazo o incorporación tardía es el siguiente: se traslada a la comisión de escolarización y allí se analizan distintos aspectos como la ratio del colegio, el índice de escolares con necesidades educativas especiales y los puntos que tiene el solicitante. El acogimiento familiar entra dentro de las necesidades educativas especiales, nuestro hijo biológico va a ese colegio y yo soy profesor allí por lo que teníamos muchos puntos”, explica este padre y añade que “sabemos que en el colegio se alcanza la ratio máxima de 25 escolares por aula pero para estas situaciones sí se permite un incremento del 10%. Lo que no sabemos es el índice de necesidades educativas especiales del centro”.

En cualquier caso, Alvira reconoce que “si la comisión de escolarización nos dice que no hay margen para aplicar ese 10% o que el índice de necesidades especiales es muy alto y que el niño tiene que ir a otro colegio pues nos parecería una faena, pero si así lo marca la ley”. Pero la realidad es que la comisión de escolarización no responde “porque están ultrasuperados” y como consecuencia de un error de comunicación del Departamento de Derechos Sociales y la inacción de Educación “nuestro hijo de acogida cumplirá el lunes 13 días sin ir al cole”.

Injusticia

Esta familia asegura que desde Educación les dijeron que les dirían algo esta semana. El miércoles, al no tener noticias, Alvira acudió de nuevo a Escolarización. “Me dijeron que me llamarían y al salir me encontré con el consejero Gimeno y aproveché para contarle el caso. A los 10 minutos recibió un correo diciendo que el niño había sido admitido y a los dos minutos me llaman para rectificar y decirme que se han precipitado y que aún no tiene colegio”, explica.

“Nosotros nos metimos en este proyecto con la tranquilidad de que podríamos conciliar al ser el padre acogedor profesor en un colegio de nuestro barrio, al que asiste nuestro hijo biológico. Sin embargo nos tememos que las propuestas de la Administración van a alterar la conciliación familiar”, reflexiona la madre, quien se pregunta si es justo que las familias de acogida sufran estas injusticias.

Por ello, esta pareja ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo en la que piden que se cumpla la ley, se defienda a las familias acogedoras y haya una escolarización directa en el centro elegido por la familia “para dar una oportunidad real de integración al menor”.

“Somos una familia normal, con trabajos normales, pero con la ilusión de hacer algo extraordinario por un menor. Pero a día de hoy, tendríamos muchas dificultades para continuar con el acogimiento y es una pena porque hay 250 menores en Navarra esperando una familia”, lamenta Matías.