Entre 2017 y 2022, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) utilizó el potente programa de espionaje Pegasus, desarrollado en Israel, para espiar a personas relacionadas con el ‘procés’ independentista de Catalunya. Desde políticos a periodistas, pasando por abogados, fueron al menos 67 las víctimas de este ‘software’ espía. El propio servicio de inteligencia, dependiente del Ministerio de Defensa, reconoció haber recibido autorización judicial del Tribunal Supremo para vigilar a 18 de esas personas, entre las que se encuentran los expresidentes Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès. Según informa ‘El Periódico’, una nueva investigación ha identificado a los presuntos responsables del escándalo.
La asociación catalana Irídia, cuyo objetivo es defender los derechos civiles y políticos, ha presentado este miércoles un informe que pone nombre a tres altos directivos de la filial europea de NSO Group, el entramado empresarial israelí conocido por haber creado Pegasus. Este programa es capaz de burlar la seguridad de los sistemas operativos móviles Android e iOS y acceder a todos los datos personales del dispositivo sin conocimiento ni consentimiento del usuario.
Responsables
Irídia señala en su querella a Shalev Hulio y Omri Lavie, dos de los cofundadores de NSO Group, así como a Yuval Somekh, el único directivo que consta como miembro de las juntas directivas de Osy Technologies y Q Cyber Technologies, dos empresas relacionadas con el entramado, entre 2019 y 2020.
Por un lado, Hulio fue director general de NSO Group hasta 2022, cuando dimitió tras el aluvión de causas judiciales que se abrieron contra la compañía a causa de la herramienta de ciberespionaje. Su socio Lavie, por el otro, es hoy en día miembro de la junta directiva de la empresa y también lo fue de la de Osy Technologies entre 2019 y 2023.
Querella
Irídia ha presentado también este miércoles una querella ante los juzgados de Barcelona en la que solicita la imputación penal de Hulio, Lavie y Somekh. Los acusa de ser responsables de la fabricación, comercialización y gestión contractual de Pegasus, por lo que habrían cometido delitos de revelación de secretos y de participación o cooperación en el uso de ‘software’ ilegal.
NSO Group congrega a un total de 19 empresas, entre ellas Osy Technologies y Q Cyber Technologies. Según Irídia, esa red se expandió a Luxemburgo en 2014 como "puerta de entrada" a la Unión Europea (UE) y "posiblemente" fue creada "para generar dificultades en la determinación de responsabilidades".
En su querella, la asociación pide a los estados europeos que corten sus relaciones comerciales con el entramado y adopten sanciones en su contra. Los países que lo hicieran se sumarían así a Estados Unidos, que ya añadió Pegasus a su lista negra en 2021, por lo que quedó prohibido comerciar con NSO Group.
Irídia advierte también de que la investigación y la imputación a los tres señalados debe hacerse lo antes posible, ya que lo contrario "podría generar una prescripción de los hechos en mayo de 2025".
Vacíos legales
La asociación espera que su demanda logre avances en la investigación, hasta ahora bloqueada por la “opacidad” del Gobierno español. Según dicen, existen vacíos legales que "facilitan la vigilancia sin una supervisión adecuada" y que clasifican toda información del CNI como secretos oficiales. Anaïs Franquesa, codirectora de Irídia y abogada, denuncia que "una persona bajo investigación judicial tiene más derechos y garantías que una espiada por el CNI".
Israel, cuyo Ministerio de Defensa debe aprobar la exportación de Pegasus, tampoco ha colaborado cuando la justicia española le ha solicitado permisos para acceder a pruebas acerca de los casos de espionaje contra el independentismo catalán. Por este motivo, muchas causas han terminado siendo archivadas.