Una nueva ley obliga a elaborar un censo de instalaciones con fibrocemento

El uso del amianto durante décadas no solo ha provocado graves problemas de salud a muchos trabajadores sino que, también, ha frustrado y obligado a alterar numerosos proyectos en ciudades como Donostia. Una ley aprobada por el Gobierno central en abril del pasado año obliga a los municipios elaborar un censo de instalaciones con amianto, tanto de titularidad pública como privada, así como un calendario para planificar su retirada. En teoría, este listado debería estar hecho en un año desde la promulgación de la ley, es decir, en abril.

En los edificios, quien más quien menos sabe si tiene algún elemento de este material. Sin embargo, no sucede lo mismo en determinados terrenos en los que, por sorpresa, aparecen estas fibras contaminantes, que se consideran peligrosas en contacto con el aire, por lo que si no se pueden retirar, debe ser tapadas herméticamente, como sucedió en la vaguada de Larres, junto al polideportivo de Altza, donde surgió una nueva zona de paseo sobre los terrenos contaminados.

Esta instalación, finalmente abierta el pasado verano, tenía ya aprobado su proyecto de obras cuando apareció el asbesto en 2016, lo que obligó a modificarlo. La fábrica Fibrocementos Vascos SA, que desarrolló su actividad entre 1963 y finales 1970, dejó un reguero de material por todo el entorno y no se descarta que muchos particulares hicieran lo mismo tras llevar a cabo reformas. Los restos aparecidos en Ametzagaina recientemente dan fe de ello.

El pasado año, sin ir más lejos, el proyecto para crear un aparcamiento al aire libre en la plaza Felix Irazo, que contó con los preceptivos análisis previos, tuvo que ser abortado ya que, en el inicio de la obra, apareció el maldito material.