Una reforma para responder a las necesidades del mercado de trabajo

El Gobierno español ha aprobado esta semana una reforma de la ley de extranjería que busca “adaptarse a la situación migratoria actual”, satisfacer las necesidades del mercado laboral y dar respuesta al reto demográfico. Según sus palabras, el objetivo es agilizar trámites y procesos como la reagrupación familiar y la regularización por motivos laborales o de formación. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social calcula que, con esta reforma, “podrán regularizarse de media 300.000 personas cada año” hasta 2027.

Para los colectivos sociales, esta reforma es una muestra “de buena voluntad”, pero advierten de que puede dejar fuera a mucha gente. “Sigue atendiendo a lo que necesita la economía, se basa fundamentalmente en ordenar el mercado de trabajo, en sus necesidades. Tiene una mirada economicista sobre la migración”, valora Victoria Columba, responsable de comunicación de RegularizaciónYA. Es por ello que espera que la ILP para regularizar a medio millón de personas – que fue admitida a trámite por el Congreso en abril–, sea finalmente aprobada porque “tiene una perspectiva de derechos”. “Son dos cosas diferentes, que van por caminos diferentes; la reforma va por el Consejo de Ministros y la ILP es un mecanismo de regularización extraordinaria puesto en marcha por la ciudadanía que tiene que aprobarse en el Congreso. Pero no son medidas contrapuestas, al contrario, podrían ser complementarias”, apunta Columba.

La principal novedad de la reforma aprobada esta semana es que homogeneiza las figuras de arraigo, el mecanismo para que los extranjeros que residen en el Estado puedan regularizar su situación administrativa, y reduce de tres a dos años el tiempo de permanencia necesario para acceder a él. Las figuras de arraigo serán cinco: social –el solicitante debe acreditar vínculos familiares con residentes en situación administrativa regular o aportar un informe que acredite su integración social–, sociolaboral –vinculado a un contrato de trabajo de 20 horas semanales–, socioformativo –exige el compromiso de formarse en una profesión demandada en el mercado laboral y, como novedad, permitirá a la persona trabajar desde el primer momento mientras recibe la formación–, de segunda oportunidad –permite la regularización de aquellas personas que tuvieron una autorización previamente y que por alguna razón no pudieron renovarla– y familiar –no exige un tiempo de residencia mínimo y queda limitado a progenitores–.

Además, en un intento de dar mayor protección a los trabajadores de temporada, se crea una autorización específica de residencia y trabajo para ellos, y recoge nuevos derechos: a recibir información concreta y escrita en un idioma que comprendan, a contar con las mejores condiciones de habilitabilidad y seguridad, así como la posibilidad de cambiar de empleador en caso de abuso u otras causas que hayan impedido desarrollar la relación laboral, como una plaga en la cosecha.

En cuanto a la formación, las personas que vengan para cursar sus estudios contarán con una autorización de estancia inicial que dure el mismo tiempo que su formación y se les facilitará la vía rápida par poder enlazarla con una de trabajo cuando acaben los estudios. Asimismo, mientras cursan los estudios podrán trabajar un máximo de 30 horas semanales.

Un mercado necesitado

El Banco de España y la Comisión Europea calculan que el Estado necesitará unas 250.000 personas migrantes cada año para sostener el Estado de Bienestar. En Euskadi, un informe elaborado recientemente por Ernst&Youngel sostiene que serán necesarios cerca de 10.000 profesionales extranjeros cada año durante la próxima década para cubrir el déficit de profesionales. Y a estos datos responde la reforma.

“Cualquier reforma hace aguas en algún punto y esta tiene un fondo muy limitado, que es la ley de extranjería. Las leyes muchas veces se redactan con una distancia muy grande de lo que es la realidad. Y las personas en el día a día se encuentran con muchas dificultades para acceder a los requisitos”, explica Columba. Y pone como ejemplo los obstáculos para acceder al empadronamiento. “Hay mucha gente en la exclusión social por no tener papeles por no tener al alcance un padrón porque no pueden alquilar una vivienda. Hay infinidad de casuísticas. ¿Qué va a pasar con la gente que tiene antecedentes como los vendedores ambulantes? Y hay mucha gente que no va a poder acceder a esto porque lo ha perdido todo, como la gente que ha sufrido la catástrofe de la dana o los temporeros que cada año sufren incendios, inundaciones”, cuestiona.

Y después está el eterno problema de la homologación de títulos, un atasco burocrático que hace que muchas de las personas que llegan de otros países con formación universitaria estén trabajando en puestos por debajo de su cualificación. Eso en un mercado laboral necesitado de profesionales en muchos ámbitos como el sanitario o las profesiones STEAM. Un informe del Instituto Vasco de Competitividad señalaba esta semana que las personas de origen extranjero se encuentran en ocupaciones más elementales y que existe una brecha salarial de un 34,3% respecto a los locales. En el documento, Orkestra insta a integrar las capacidades de todas las personas para mejorar la competitividad.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha sacado pecho y ha asegurado que este mes se van a resolver unas 7.000 solicitudes de homologación de títulos, una cifra récord. Las resoluciones se han empezado a agilizar tras haberse rediseñado el procedimiento, con la incorporación de tecnologías automáticas y de inteligencia artificial. También mejorando los acuerdos con los países de origen. Sin embargo, desde la plataforma Homologación Ya se quejan de que los expedientes tramitados con las nuevas directrices son aquellos que llevan un tiempo de espera de menos de seis meses o un año, mientras que sigue habiendo expedientes de entre cinco y siete años de antigüedad que todavía no han recibido ningún tipo de respuesta.