La votación de la reforma laboral de la semana pasada y el esperpento que la rodeó ha abierto una grieta en la relación de confianza que se había labrado en los dos últimos años entre el Gobierno de coalición y los socios de investidura, que son quienes han completado una y otra vez los votos que faltan a un débil Ejecutivo en minoría parlamentaria.
Ha quedado claro que la paciencia de grupos como PNV, EH Bildu o ERC no es inagotable y sus votos no son a cambio de nada. La actitud del gabinete del PSOE y Unidas Podemos ha terminado por exasperar a estas formaciones, que llevan meses criticando que Sánchez actúa como si gozara de mayoría absoluta en la Cámara. En esa dinámica, muchas de las negociaciones más relevantes de la legislatura se han aprobado in extremis, con acuerdos con los socios preferentes cerrados en el último minuto.
Pero lo ocurrido la semana pasada con la reforma laboral –seguramente el decreto más trascendental en esta legislatura para el Gobierno de coalición– ha cambiado las tornas y supone un serio aviso para la siempre delicada estabilidad del gabinete español. Así, en Moncloa comprobaron que, por mucha relación fluida que existiera con los grupos vascos y catalanes, no pueden dar por atados sus votos sin una negociación previa.
Geometría variable
Otra lección extraída de la rocambolesca sesión en la que se votó el decreto es que el PSOE no puede confiar en la llamada geometría variable –nombre que se ha dado al intento de construir mayoría alternativas en el hemiciclo sin necesidad de contar con nacionalistas vascos y catalanes–.
Los socialistas llevan dos años abonando el terreno para pactar ciertas cuestiones a su derecha; es decir, con el apoyo de Ciudadanos y partidos regionalistas y minoritarios. Pero, a la hora de ponerlo en práctica, esta vía ha demostrado ser un completo fiasco y ha estado a punto de echar por la borda el proyecto estrella del Ejecutivo de coalición.
De no ser por el voto equivocado del diputado del PP Alberto Casero el Gobierno español podría incluso haberse visto a dar por terminado su mandato y convocar elecciones generales anticipadas.
Así las cosas, todo apunta a que todas las partes –las dos formaciones del Ejecutivo y sus socios vascos y catalanes– están condenadas a volver a entenderse para lo que resta de legislatura en el Estado. Aunque Pedro Sánchez y el sector socialista del Gobierno español no han hecho autocrítica pública de lo ocurrido en la votación clave, voces consultadas por este diario se inclinan por vaticinar que la ruptura en la mayoría de la investidura ha sido de carácter temporal y que los puentes pueden reconstruirse en breve.
De esta manera, el profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III, Pablo Simón, y el analista de datos de asuntos públicos, Endika Núñez, coinciden en que en las próximas semanas las relaciones de confianza entre los socios de la investidura van a recomponerse, aunque según se acerque el final de la legislatura los acuerdos relevantes pueden ser más costosos debido a las estrategias electorales de cada formación.