Unos dos mil menores extranjeros y jóvenes extutelados podrán beneficiarse en Euskadi de las mejoras recogidas en la reforma del Reglamento de Extranjería aprobada recientemente por el Gobierno español.
El secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea, se ha reunido este miércoles en Gasteiz con representantes del Gobierno vasco y de las tres diputaciones forales para presentarles los detalles de esta reforma cuyo objetivo es que los jóvenes migrantes tutelados no se queden sin papeles al alcanzar la mayoría de edad y puedan acceder a un empleo.
Esta reforma simplifica el procedimiento administrativo y reduce la documentación exigida a los menores para evitar que lleguen a la mayoría de edad sin los papeles en regla.
Entre las modificaciones más relevantes que afectan a los menores extranjeros no acompañados destaca la reducción del plazo para acreditar la imposibilidad de retorno de los actuales nueve meses a tres y cuando se supere este plazo, las oficinas de extranjería documentarán de oficio a estas personas sin que ello interfiera en una posible repatriación. En el caso del País Vasco, cerca de 500 menores en esta situación se pueden beneficiar de la medida.
Por otra parte, para los jóvenes que cumplen 18 años y quedan fuera del sistema de protección, los extutelados, se establece un régimen propio con requisitos más acordes a su realidad, al alargar la duración de las autorizaciones de residencia y permitir que puedan acceder a una autorización de trabajo. En este caso podrían ser unos 1.500 los jóvenes en Euskadi que se pueden acoger a esta disposición.
El secretario de Estado de Migraciones ha explicado que la mejor herramienta para la integración es la "inclusión laboral de estos jóvenes" y que con esta reforma "se corrige una incoherencia normativa que dejaba a miles de jóvenes abocados a la marginación y a la exclusión social".
Perea ha puesto en valor la labor de gobiernos autonómicos, como el vasco, así como de las diputaciones forales a la hora de ofrecer una formación que "con esta reforma se convierte en la mejor inversión para la empleabilidad de estos jóvenes".
Ha concluido que esta era una "reforma largamente demandada desde el Tercer Sector" y por las autonomías, y que va a servir para poner fin al "limbo jurídico que condenaba a estos jóvenes a la marginalidad social".