Unidas Podemos quiere que el Congreso investigue los "papeles de Uber"

Unidas Podemos ha propuesto este miércoles al resto de grupos parlamentarios una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre los "papeles de Uber" que esclarezca las prácticas llevadas a cabo por la empresa estadounidense para su implantación en el Estado.

Para el diputado de la formación morada Rafa Mayoral, la revelación periodística supone un "escándalo de tremendas proporciones" que es "necesario" investigar.

El pasado 10 de julio salió a la luz una investigación conocida como "Uber files" (los "papeles de Uber" en inglés) del diario The Guardian y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que reveló una posible estrategia de la empresa para entrar en mercados europeos a través de prácticas ilegales, mecanismos de presión a las autoridades, eludiendo sanciones y llevando a cabo campañas de desinformación.

"Hemos ido conociendo una serie de noticias en las que se ve con claridad que existieron estrategias de elusión fiscal, estrategias para influir en poderes públicos y para romper la legalidad donde se implantaba la corporación", ha explicado en declaraciones remitidas a medios el también portavoz en la Comisión de Transportes.

En su opinión, se trata de "un escándalo de tremendas proporciones que pone en riesgo el ordenamiento jurídico de las democracias del mundo" y, por eso, cree es el momento de que "no pase desapercibido".

Unidas Podemos cree que "es necesario investigar" y, en concreto, propone que se estudien en comisión "las prácticas de entrada en el mercado por vías de hecho en contra de la aplicación de las leyes vigentes en materia fiscal, laboral, consumidores, competencia, derecho de asociación y derecho a una información veraz".

Investigar también vínculos de Uber con representantes públicos

También quiere investigar "las prácticas de presión contra representantes públicos tendentes a legalizar la situación de hecho provocada por su entrada en contra de la legalidad".

Asimismo pretende analizar "las debilidades del ordenamiento jurídico español y europeo para enfrentar las prácticas abusivas de transnacionales que pretendan introducirse en el mercado en contra del marco regulatorio" y la posible "presión, favor o retribución a funcionarios y autoridades para que actúen en favor de la corporación y en contra del interés general".