El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha asegurado que el nombramiento del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de la exdirectora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez para el Tribunal Constitucional (TC) es una decisión unilateral del PSOE, que ha calificado de "contrasentido" y un ejercicio de "puerta giratoria".
Es más, ha censurado que es un acto de "cinismo" por parte de su socio optar por la designación de Campo mientras se asumía el veto del PP a la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, para formar parte del Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano político y no jurisdiccional.
Informó "a última hora"
Así lo ha trasladado en rueda de prensa en el Congreso para informar que el ala socialista del Ejecutivo informó a "última hora" de ayer de estas dos propuestas al tribunal de garantías, que no es fruto de un pacto de la coalición y no han participado en esa deliberación.
Por tanto, ha considerado que es era un "paso necesario" que el Gobierno haya decidido "cumplir la ley" y plantear a dos magistrados del TC, que debía haberse efectuado en septiembre tras la reforma 'exprés' del Ejecutivo.
Falta de debate
No obstante, ha admitido que al espacio confederal le hubiera gustado "discutir los nombres y su idoneidad", porque llevar a Campo a un órgano de la importancia del Constitucional es incongruente con ese discurso de "independencia política" que abanderó el PSOE durante la fallida negociación con el PP para renovar el Poder Judicial.
"Nos parece poco coherente que se esté vetando a Rosell a un órgano que no es jurisdiccional, sino de organización de política judicial, y que no emite sentencias y para el TC se plantee esto. Es un contrasentido en la posición del PP y el PSOE", ha lanzado.
Posteriormente, el portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, ha insistido en esa idea al recalcar que fueron informados por parte del PSOE de la elección de Campo anoche.
El dirigente de la formación morada ha dicho que es "positivo" renovar los órganos constitucionales aunque el PP "no haga su parte" con el Poder Judicial, pero al mismo tiempo ha lanzado que observando el perfil de las personas escogidas por el Gobierno, queda "clarísimo" que los argumentos de despolitización para vetar a Rosell al órgano de gobierno de los jueces eran "falsos".
"Lo que se estaba haciendo era una cacería política (...) como hemos denunciado en numerosas ocasiones", ha remachado Echenique para ahondar que la prohibición de que Rosell fuera candidata al CGPJ era un "veto ad hoc".