Podemos considera “una vergüenza” que la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el Gobierno del PP, conocida como ley mordaza, haya cumplido más tiempo en vigor con el PSOE en el Ejecutivo que con Mariano Rajoy, pese a que su derogación fue una promesa electoral y un compromiso de investidura. Por ello, los morados emplazan a los socialistas a aprobar antes de fin de año la iniciativa legislativa que el Congreso lleva meses discutiendo.
El coportavoz de Podemos Javier Sánchez Serna recordó ayer que se aprobó en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente de Interior con el fin de “reprimir protestas” contra la gestión de la crisis económica que llevaba a cabo el Ejecutivo del PP. Pero, con el tiempo, ha cumplido más años en vigor con el PSOE en La Moncloa que con el PP, y el ministro que más la ha aplicado es el actual responsable de Interior, Fernando Grande Marlaska. “Trabajaremos en este principio de curso para convencer al socio de que es el momento de cumplirlo. Se debe hacer lo antes posible, en este cuatrimestre, y no se puede dejar para final de legislatura”, zanjó.
Dos escollos han atascado la negociación con los socialistas. Uno es la resistencia del PSOE a la pretensión de Podemos de quitar la infracción leve por faltar a la autoridad policial, un tipo legal que los morados consideran “muy confuso” porque consideran que permite multar “por mirar mal a un policía”. Los socialistas también tienen dudas con la supresión de las sanciones que se aplican a los convocantes de una manifestación en caso de incidentes violentos. “Esto es un disparate”, clama Sánchez Serna, porque uno puede convocar una manifestación pacífica y no controla “elementos violentos que se puedan meter en la misma”.
El dirigente de Podemos espera que Interior no sea “un obstáculo” para modificar la redacción porque “esta ley es de todo el gobierno” y no del Ministerio. “Nuestros electores no entenderían que el PSOE se opusiera a la derogación”, recalcan desde Podemos. No son las únicas trabas habidas en la ponencia del Congreso que desde el pasado año viene discutiendo la reforma de la ley mordaza en reuniones a puerta cerrada, después de aceptar tramitar una proposición de ley del PNV contra la norma aprobada en 2015 por la mayoría absoluta de Rajoy. En la negociación siguen pendientes cuestiones como regular las pelotas de goma dentro del material antidisturbios, o la veracidad de los policías en las actas sobre propuestas de sanción, reclamándose en adelante que el relato de hechos resulte “coherente, lógico y razonable, salvo prueba en contrario”. – E. Press