Urkullu aboga por cambiar la Constitución para terminar con la “coacción” del 155

El lehendakari, Iñigo Urkullu, cerró ayer el Pleno de control en el Parlamento Vasco explayándose, a petición de Vox, sobre el artículo 155 de la Constitución española, relativo a la intervención por parte del Estado de las comunidades autónomas y que fue el que empleó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017 para cesar al Govern de entonces y hacerse con las riendas de las instituciones catalanas. En esta línea, Urkullu es partidario de que el citado mecanismo desaparezca de la Carta Magna, ya que lo interpreta como un elemento de chantaje a las autonomías.

En concreto, el jefe del Ejecutivo vasco se mostró partidario de impulsar una reforma constitucional que incluya medidas para “superar” el artículo 155, al considerar que este apartado de la Carta Magna española constituye “un mecanismo de coacción excepcional e innecesario”.

Urkullu recordó en su respuesta a la parlamentaria de Vox, Amaya Martínez, en el pleno de control de la Cámara de Gasteiz, que esta opinión sobre el artículo 155 se sitúa en la misma línea que la mantenida por “voces autorizadas” en materia constitucional.

“Figuras del constitucionalismo español, como Gil Robles, Muñoz Machado o García de Enterría, han sostenido que el artículo 155 es un mecanismo de coacción de uso excepcional, y que no comprende ni la suspensión de la autonomía territorial ni sirve para privar de competencias a las comunidades autónomas”, explicó el lehendakari, que señaló que, de acuerdo a estos expertos, este apartado de la Constitución es “una fórmula imprecisa diseñada con absoluta falta de concreción de sus posibilidades y de las facultades inherentes”.

“Un precepto que pudiera entenderse innecesario, pues para sus finalidades deberían ser suficientes los mecanismos ordinarios de respuesta, comenzando por el diálogo político e institucional”, añadió Urkullu.

Desde ese punto de vista, el jefe del Ejecutivo autonómico considera conveniente “plantear, debatir y acordar propuestas de reforma que puedan contribuir a superar este mecanismo de coacción excepcional e innecesario”.

El lehendakari también reiteró que es partidario de “avanzar en la necesaria reforma” del modelo de Estado. “El autogobierno vasco es singular y establece una relación bilateral con el Estado, fundamentada siempre en el diálogo y en el pacto. Ese es mi planteamiento; en mi manera de entender la política ni ha cabido ni cabrá nunca la imposición, de nada ni de nadie”, concluyó Urkullu.

Por su parte, la única representante del Grupo Mixto-Vox, Amaya Martínez, respondió al lehendakari que el artículo 155 de la Constitución “es un garante de nuestro ordenamiento jurídico, una herramienta irrenunciable para el mantenimiento del orden constitucional, y un instrumento imprescindible para la protección de la unidad, la soberanía nacional y la integridad territorial de España”.

Alfredo de Miguel

En otro orden de cosas, Iñigo Urkullu se pronunció sobre la situación laboral de Alfredo de Miguel y reconoció que a su Gabinete le preocupa la “lentitud” de la Audiencia de Araba en ejecutar la sentencia del caso Miñano, e insistió en que, cuando se haga efectiva, se podrá despedir al principal condenado, que por el momento sigue en sus labores en la fundación pública Hazi, donde tiene una plaza fija que no se le puede retirar hasta la ejecución de la pena.

Urkullu, como ya ocurrió en el anterior pleno de control del Parlamento Vasco, respondió así a varias preguntas de EH Bildu, PP+C’s y Vox, tras la sentencia firme del Tribunal Supremo.

Urkullu reiteró en sus respuestas que, en cumplimiento de la legalidad, el Gobierno vasco despedirá a De Miguel cuando la Audiencia proceda a ejecutar el fallo. Subrayó que corresponde exclusivamente a los juzgados y los tribunales la potestad jurisdiccional de juzgar y ejecutar lo juzgado y cualquier alteración de ello supondría la vulneración de los derechos fundamentales de los condenados.

El Ejecutivo, concluyó, tiene que seguir el camino que marca la ley, aunque le “preocupa” la “lentitud” en la ejecución del fallo del Tribunal Supremo.