En un ambiente viciado por el elemento distorsionador de la Comunidad de Madrid, el lehendakari Iñigo Urkullu se pronunció ayer con contundencia y despejó cualquier duda: el plan de eficiencia energética del Gobierno español, aprobado mediante un Real Decreto Ley, será aplicado en Euskadi atendiendo a la legislación vigente. A partir de ahí se pueden desplegar toda una serie de diferencias de criterio respecto a la forma de lograr una mayor eficiencia energética, desacuerdo que es palmario en cuanto a los modos exhibidos por Moncloa: de tan traída y tan llevada, la cogobernanza ha acabado mareada y se ha visto superada por la vía de los hechos consumados. Una práctica en la que el gabinete de Pedro Sánchez es reincidente.
En un mensaje publicado en las redes sociales, el lehendakari zanjó el debate de los últimos días en apenas dos líneas: “Las medidas aprobadas por el Gobierno español lo han sido mediante Real Decreto Ley, lo cual les confiere un rango, sin duda, y han de ser cumplidas”. De esta forma silenció los intentos, alentados desde el propio PSOE pese a que su sucursal vasca forma parte del Gobierno vasco, de tratar de equiparar al Ejecutivo de Urkullu con la insumisión activa a este plan enarbolada por la rebelde Isabel Díaz Ayuso, que sigue haciendo la guerra por su cuenta.
El jefe del Ejecutivo vasco admite que “habría agradecido” que el plan que salió del Consejo de Ministros del pasado lunes, que incluye “medidas sancionadoras”, hubiera sido sometido a un “ejercicio de contraste” con todos los sectores afectados, que atienden a realidades diferentes, así como a lo que establece la Unión Europea. La vía de las multas a espacios comerciales y edificios públicos que incumplan las indicaciones ha sido criticada esta semana por la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, que aseguró que “no son el camino”. Esta situación evoca lo sucedido durante la pandemia, cuando el Tribunal Constitucional tumbó el confinamiento y hubo que proceder a la devolución de las multas ya cobradas.
“ “El Gobierno podría haber tenido más en cuenta a las comunidades compartiendo la definición de las medidas” Iñigo Urkullu - Lehendakari ”
En su nota de ayer, Iñigo Urkullu recordó que “Euskadi lleva años apostando por una estrategia global para conseguir una mayor eficiencia y ahorro energético de sus edificios e instalaciones, más allá de estas medidas concretas que ahora se imponen”, y resumió en qué consiste esta estrategia: “pedagogía y concienciación social”.
Realidad diferenciada
Puede que las medidas adoptadas por el Gobierno español estén amparadas por la Constitución, pero el lehendakari dijo que Moncloa “podría haber tenido más en cuenta a las comunidades autónomas” de cara a definirlas de forma conjunta. “Podría haber hecho patente la tan proclamada cogobernanza sin excluir, de inicio, la intervención normativa de las comunidades en la propuesta de medidas”, reprochó, aludiendo así al concepto que salió desgastado de la pandemia pero no por su uso, sino por estar continuamente en boca de Sánchez.
Urkullu reivindicó “el reconocimiento de la realidad diferenciada, así como la capacidad de actuación demostrada por las instituciones vascas y la necesaria coordinación operativa”, y concluyó que el Gobierno vasco atiende el llamamiento que hizo la vicepresidenta Teresa Ribera de “sumar” entre todos.
El Gobierno vasco, a contrapié
Eficiencia energética. EH Bildu afirmó ayer que las diferencias exhibidas esta semana entre los gobiernos vasco y español en torno “al debate de la eficiencia energética” es una muestra más, a su juicio, de que dicho debate “ha cogido a contrapié al Departamento dirigido por Arantxa Tapia”. En un comunicado, añadió que “fue por la iniciativa de la izquierda soberanista por la que se empezó a trabajar en la CAV una propuesta de eficiencia energética y no por la voluntad o iniciativa” de Tapia.
Control del gasto. EH Bildu está a favor de las medidas destinadas al control del gasto energético, entre ellas el alto precio de la energía, pero esta “es insolidaria, ya que los que tienen recursos pueden pagarla sin límite y los que no los tienen sufren por pagarlo y en algunos casos no se lo pueden permitir”. Apuesta además por “medidas estructurales” y reprocha al Gobierno vasco que no las aplique.