Urkullu centra el nuevo curso en las Cuentas y el virus y abierto a más retos

Para muestra, un botón. El primer acto público del lehendakari tras el breve paréntesis estival será la reunión del comité científico-técnico del LABI este miércoles. Es un encuentro donde se estudiará la situación del coronavirus, y demuestra que la agenda de Iñigo Urkullu sigue presidida por los retos relacionados con la gestión de esta pandemia y la paulatina vuelta a la normalidad. Este foro se reúne con regularidad, con la diferencia de que el miércoles lo presidirá el lehendakari en su regreso a la agenda pública. En puertas de que el día 31 tenga lugar el tradicional acto de arranque del curso político con la reunión del Consejo de Gobierno en Miramar, fuentes del entorno del lehendakari confirman a DEIA que "a corto plazo" las prioridades siguen siendo la gestión del coronavirus y cuestiones perentorias como el regreso de los estudiantes a las aulas, abordar el debate de política general en el Parlamento Vasco y presentar los Presupuestos para 2022.

Además de estos objetivos o de otros como la reactivación económica y el empleo, la gestión de los fondos europeos o la negociación de las transferencias pendientes para cumplir el Estatuto de Gernika, en los próximos meses el foco de la legislatura se va a ampliar para abordar retos de un cariz más político o relacionados con la convivencia. El lehendakari ha marcado en rojo en su agenda el día 1 de octubre, momento en que el Gobierno vasco asumirá la gestión de las prisiones. Por otro lado, él mismo ha apoyado la idea del PNV de retomar en el Parlamento Vasco el debate sobre el nuevo estatus de autogobierno.

Esta negociación corresponde a los partidos y está depositada en la Cámara de Gasteiz, pero el lehendakari sí ha dado un espaldarazo a la intención del PNV y ha vuelto a poner sobre la mesa su apuesta por un nuevo pacto con el Estado a través de un Concierto Político. Quiere que existan garantías de cumplimiento de lo pactado y que no se vulnere de manera unilateral por ninguna de las partes. Además, ha pedido adaptar la ley a la voluntad popular. En una entrevista con DEIA, planteó una consulta habilitante, es decir, someter a consulta entre los vascos el nuevo estatus que pacte el Parlamento antes de llevarlo al Congreso de los Diputados para testar su nivel de apoyo social.

Urkullu también tiene pensado dar un empujón muy relevante en lo que queda de legislatura a dos debates que va a gestionar directamente desde Lehendakaritza: el reto demográfico y los objetivos de desarrollo sostenible. Se pretende que Euskadi sea en 2030 un referente en cohesión social y en estos desafíos. En materia económica y para los Presupuestos, la directriz que va a marcar pasa por "fortalecer los servicios públicos".

GESTIÓN DE LA PANDEMIA Y VACUNACIÓN

El lehendakari tiene ahora entre manos la gestión de la pandemia y el protocolo para regresar a las aulas tras un verano en el que los contagios por coronavirus se han disparado entre los más jóvenes por los viajes de fin de curso, los botellones o la mayor interacción social de este grupo que, hasta hace unas semanas, no estaba vacunado. Según los últimos datos, se han puesto al menos una dosis más de la mitad de los jóvenes entre 16 y 19 años, el 51,3%, y uno de cada cuatro de 12 a 15 años, el 26,21%. La consigna que ha defendido Urkullu todos estos meses de la mano del consejero Bildarratz es que la educación debe ser presencial, y ha puesto en valor que las medidas de prevención han permitido que casi la totalidad de las aulas se mantuvieran abiertas. La vacunación avanza y ofrece al Ejecutivo vasco razones para la esperanza, mientras la pandemia sigue atenuando sus cifras en Euskadi. No obstante, la ocupación en las UCI se mantiene al alza, con 72 ingresados.

El Gobierno vasco prepara también la Ley de Salud Pública. Su borrador contempla poder dictar restricciones de movilidad, aislamiento domiciliario, y la obligación de vacunarse en caso de "riesgo urgente para la salud de la población", pero se supedita a que la legislación lo permita y los tribunales le den su visto bueno, algo que no ha sucedido, por lo pronto, con las vacunas, con un pronunciamiento negativo del Tribunal Constitucional sobre Galicia. El Ejecutivo ha aclarado también que no es ese el punto más determinante de la ley. Parece que la intención ha sido, sobre todo, lanzar el mensaje de que el Gobierno vasco se abre a todos los debates (hay sectores que piden la vacunación obligatoria para los trabajadores de las residencias, aunque sería necesaria una cobertura estatal y del propio TC, y las cifras del personal inmunizado ya son altas en Euskadi), y se intenta construir un armazón jurídico lo más amplio posible.

Esta sería una segunda ley más general tras la Ley Antipandemia centrada en el coronavirus. Esa ley contó con el respaldo de Elkarrekin Podemos-IU. Fue el primer gran pacto entre el Gobierno vasco PNV-PSE y la oposición, y está por ver si tiene continuidad en la Ley de Salud y las Cuentas. Elkarrekin Podemos-IU no ve margen para la vacunación obligatoria pero sí se ha mostrado dispuesto a negociar esta ley para incorporar un plan de salud mental y dejar su "impronta". Esta ley se encuentra en plazo de consultas y se quiere presentar este año. PNV y PSE disponen de la mayoría absoluta necesaria para aprobar las leyes solo con sus votos, pero quieren ensanchar el consenso.

CUENTAS Y RECUPERACIÓN

También a corto plazo, fuentes de Lehendakaritza explican que el Gobierno vasco tiene en agenda la gestión de los fondos europeos y su propio plan de inversiones para 2022. A más largo plazo, esgrimen el programa de reactivación Berpiztu. Sobre los fondos europeos, el consejero Azpiazu ha amarrado ya con el Gobierno de Sánchez la gestión directa de 500 millones en los próximos años. El pulso del lehendakari que mantuvo en vilo su asistencia a la Conferencia de Presidentes hasta casi el último momento también propició que se reuniera la Comisión Mixta del Concierto Económico para fijar los límites de déficit y deuda para 2022 (el Gobierno vasco podrá incurrir en un 0,9% de déficit y un 0,2% las diputaciones, y en un 15,6% de deuda). Son cifras orientativas que no es obligatorio cumplir porque la Unión Europea ha dejado en suspenso las reglas de gasto por la pandemia, si bien esas reglas volverán en 2023 y eso obliga a contemplar ya ese escenario de mayor contención. No obstante, Azpiazu ha anunciado inversiones históricas en las Cuentas de 2022, que se presentarán en otoño.

Urkullu se marca como prioridad "el fortalecimiento de los servicios públicos", sobre todo las políticas sociales, la salud y la educación. Otros retos sociales, como la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos, han sido asumidos por la vicelehendakari segunda y líder del PSE, Idoia Mendia, quien ha sentado las bases de una modificación que va a mejorar las condiciones de los pensionistas, entre otros colectivos.

ESTATUTO Y TAV

Otro de los retos que se marca como prioritarios el lehendakari es el autogobierno, la negociación de las transferencias pendientes (incluido el Ingreso Mínimo Vital, que arrastra un largo retraso), y también un acuerdo con el Estado para licitar las obras de soterramiento del Tren de Alta Velocidad en su entrada a Bilbao y Gasteiz. Estos asuntos están en manos del presidente español, Pedro Sánchez, y el PNV, a nivel de partido, ya ha avisado de que tendrá que asumir compromisos a este respecto para que exista una negociación de los Prespuestos estatales de 2022 con el partido jeltzale.

La consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, espera retomar con éxito los traspasos con la nueva ministra Isabel Rodríguez. Su antecesor, Miquel Iceta, había manifestado su deseo de encauzar próximamente el traspaso de los trenes de cercanías, la inmigración y la ordenación del litoral, además del IMV. Este último asunto lo frena el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien plantea un acuerdo parcial y a la baja que implica que el Estado se reserve la autorización de los pagos.

PRISIONES, CONVIVENCIA Y ESTATUS

No le gusta a Iñigo Urkullu que se hable de la gestión del coronavirus como si hubiera provocado un eclipse y hubiera dejado en el cajón el resto de asuntos. Defiende que, a pesar de que la prioridad indiscutible ha sido la gestión de la pandemia, se han gestionado otros asuntos y se han alcanzado, por ejemplo, acuerdos determinantes como la histórica transferencia de las prisiones. El Gobierno vasco la asumirá en dos tiempos: el 1 de octubre, y el 1 de enero de 2022 para el Trabajo Penitenciario y la Formación para el Empleo, un pilar decisivo con el que se busca propiciar la reinserción de los presos. La idea de la consejera Beatriz Artolazabal es impulsar un recorrido individual con cada preso para trabajar en su reinserción, y potenciar los regímenes en semilibertad.

También esta consejera ha presentado el Plan Udaberri, que está en fase de aportaciones y llegará en septiembre al Consejo de Gobierno. Esboza a falta de concretarlo con otros agentes su apuesta por un foro de convivencia, que pueda reunir a diferentes como sucedió con experiencias de éxito a nivel municipal en localidades como Errenteria. Mientras tanto, el Instituto Gogora es el espacio donde los partidos están dando forma a las diferentes exposiciones que dan contenido al relato de lo sucedido, a falta de una Ponencia de Memoria y Convivencia que ya se demostró inviable en el Parlamento Vasco por el bloqueo político.

Urkullu apoya, asimismo, la intención del PNV de iniciar una ronda de contactos en otoño para reactivar el nuevo estatus de autogobierno. El PNV quiere acordar primero cuestiones de forma: ver si hay margen para registrar una proposición de ley con otros partidos, o si grupos como el PSE se sienten más cómodos apartándose y reservándose para la fase posterior de enmiendas, en cuyo caso Andoni Ortuzar ha aclarado que a los jeltzales no se les caerán los anillos y asumirían el liderazgo de registrar una propuesta. Los juristas de PNV, PSE y Elkarrekin Podemos alcanzaron un acuerdo parcial con diferencias sobre el derecho a decidir.