El próximo lunes habrá pasado un año desde las elecciones vascas del 12 de julio sin que la mayoría absoluta que lograron PNV (31 escaños) y PSE (10) muestre signos de desgaste en las encuestas. La alianza se mantiene a flote aunque este año haya estado presidido por la amenaza constante y mundial del coronavirus, la toma de decisiones impopulares en todas las administraciones para restringir la movilidad de los ciudadanos, y momentos delicados por el ritmo de las vacunas que han sido exprimidos por los grupos de la oposición. Un año después, como sucede en todo el Estado, el Gobierno de Iñigo Urkullu afronta los brotes entre los jóvenes por los viajes de fin de curso y los botellones. Pero es un problema localizado en los jóvenes, el colectivo no vacunado y más resistente al virus. La vacunación avanza, y el Ejecutivo cree que ha cumplido los compromisos y ha sentado "las bases para la recuperación".
Pide mantener el esfuerzo y aspira a que llegue pronto un punto de inflexión a nivel sanitario y económico. Y también político: ha roto el sambenito del rodillo ampliando los acuerdos más allá de su mayoría absoluta, hasta pactar la Ley Antipandemia con Elkarrekin Podemos-IU. Además, le da oxígeno el acuerdo sobre la Ley de Aportaciones, que desbloquea diez años después el reparto de los recursos entre el Gobierno vasco y las diputaciones forales.
El virus ha eclipsado la actividad política, pero no ha impedido el pacto con el Gobierno español para la transferencia histórica de la gestión de las prisiones, y para que la Ertzaintza pueda realizar vigilancias de sospechosos al otro lado de la muga, en pie de igualdad con la Guardia Civil y la Policía española. No obstante, la gestión de la pandemia también ha puesto a prueba las costuras de la cogobernanza con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y no todo ha marchado como la seda con Madrid. Surgieron tensiones porque Sánchez no atendió la petición de Urkullu de prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo (decayeron medidas como el toque de queda nocturno y se multiplicó la movilidad) y, en materia de transferencias, la negativa del ministro Escrivá al traspaso íntegro del Ingreso Mínimo Vital es ya un problema político para la relación entre el presidente español y el PNV.
el examen más difícil
El Gobierno de coalición PNV-PSE cree que Euskadi se encuentra "mejor que al inicio de la legislatura", y que ha respondido a las necesidades del momento. Recuerda que en noviembre se alcanzó la tasa de 850 contagios por 100.000 habitantes, y en los últimos días ha rondado o superado los 200. Ha mantenido una marcada tendencia al alza, aunque se explica por la elevada afección en los jóvenes, el colectivo no vacunado y de mayor movilidad. Se espera que no pase de los 300. Aboca, eso sí, a que se mantenga la declaración de emergencia sanitaria, en vigor desde el 17 de agosto. Los contagios entre jóvenes han tenido un ligero reflejo en la ocupación de las UCI, pero aún lejos de las cifras de finales de abril: alcanzó las 195 camas, y ahora oscila en torno a las 25 y 28. Además, se han superado los dos millones de dosis administradas de la vacuna y esgrimen que en algunos colectivos mayores de 50 años la cifra que tiene la pauta completa es del 95%. Se han mantenido abiertas el 99% de las aulas.
El Parlamento ha aprobado la Ley Antipandemia y el Gobierno puede demostrar su utilidad frente a las críticas de la oposición que la veían muerta porque auguraban el final de la pandemia: los brotes juveniles obligan a mantener las restricciones y se ha aprobado un Plan Bizi Berri IV que estará en vigor hasta octubre. Urkullu está alerta y pendiente de la evolución de las UCI, que es una incógnita.
La situación, por ahora, a pesar de la variante Delta, se aleja del oscuro panorama al inicio de la legislatura, donde el lehendakari lideró un movimiento de presidentes autonómicos que exigieron a Sánchez recuperar el estado de alarma y que desembocó en un largo periodo de restricciones y toque de queda hasta que decayó el 9 de mayo. En algunos momentos, tampoco se podía transitar al municipio vecino. Euskadi llegó a liderar la tasa de contagios con una incidencia superior a 500. Amenazaba el perfil gestor del PNV y Urkullu se tuvo que esmerar para combatir la "estigmatización" de la comunidad: dijo que su número de contagios era elevado porque se realizan muchos tests y, por ello, el nivel de detección es superior. Ya caído el estado de alarma, hay limitaciones para actuar, porque el Tribunal Superior de Justicia impide tomar medidas como el toque de queda.
OPOSICIÓN
El Ejecutivo ha tenido enfrente durante este año a EH Bildu, con 21 escaños. Aunque se quedó lejos de disputar la hegemonía a los jeltzales, aspira a ganar posiciones en las próximas convocatorias. De ahí que los jeltzales opinen que no dará tregua a Urkullu porque tiene la mirada en los comicios municipales y forales de 2023. De su mano vino la reprobación a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, también presentada por PP+C's y secundada por Elkarrekin Podemos-IU, aunque con matices y sin dar por hecho que la jeltzale mintiera. La senda de diálogo con Podemos se ha forjado a fuego lento hasta alumbrar el pacto de la Ley Antipandemia, con la implicación personal de Urkullu en su cita con Miren Gorrotxategi.
La reprobación de Sagardui, tumbada por PNV y PSE, se remitía al caso de las vacunaciones irregulares de los directores de los hospitales de Basurto y Santa Marina, quienes dejaron su puesto de inmediato. Sagardui defendió que nunca dio su aval al director de Santa Marina, José Luis Sabas, para vacunar a todo el personal incluyendo a los directivos: solo debían vacunarse los autorizados por el protocolo. El divorcio con Bildu se ha extendido al modelo de la Ertzaintza y la campaña de Ernai contra los agentes. Ha añadido otros argumentos como el cártel de las consultoras o una presunta adjudicación irregular en Euskal Trenbide Sarea que señala al consejero Arriola (PSE). Sobre el virus, ha criticado el ritmo de la vacunación.