Urkullu lamenta la falta de cobertura de Sánchez contra el virus y se ceñirá a la seguridad jurídica

Ni siquiera lo que se daba por sentado es seguro y la sensación de inseguridad jurídica crece. El Tribunal Constitucional ha tumbado el confinamiento total en las casas que se produjo durante el primer estado de alarma, entre marzo y junio de 2020, porque una limitación de las libertades tan relevante tendría que haberse aprobado con un estado de excepción, que exige someterse con carácter previo a la votación del Congreso de los Diputados. Hasta ahora, se repetía como un mantra desde todos los ámbitos políticos, judiciales y periodísticos que el estado de alarma permite limitaciones de movimiento como esa, el toque de queda o los cierres perimetrales. Para añadir más confusión, en paralelo, los tribunales de algunas comunidades autónomas sí están permitiendo que se decrete un toque de queda nocturno por parte de sus autoridades autonómicas, incluso sin estado de alarma, ante el auge de la ola joven del coronavirus y de manera quirúrgica en municipios concretos. Otros lo vetan. El lehendakari ha vuelto a lamentar este jueves la falta de "cobertura legal" desde el Estado, porque en el último año y medio Pedro Sánchez no ha aprobado ninguna reforma que permita tomar medidas. Urkullu ha tomado la decisión de poner en marcha solo las restricciones que tengan seguridad jurídica.

En una visita a la planta de la cooperativa Eika, Iñigo Urkullu confesó su contrariedad ante la sentencia del Constitucional. "La acato pero no la comparto. No queda otro remedio. No la comparto porque, en principio, de lo que se trata es de intentar llevar a efecto medidas que son absolutamente urgentes y necesarias para intentar atajar la transmisión de un virus. Por otra parte, ante el anuncio del estado de alarma, la primera reacción que tuvimos fue no compartirlo tal y como se planteó, y dijimos que existía legislación ordinaria y, en su caso, capacidad para una producción legislativa que, sin necesidad de aplicación del estado de alarma, supusiera la posibilidad de adoptar medidas. Se optó por el estado de alarma por parte del Gobierno español, y todas las veces su ratificación ha sido avalada en el Congreso. Parece que la sentencia plantea un estado de excepción que debería haber sido consultado previamente, cuando el estado de alarma, en cada una de sus ratificaciones, ha sido llevado al Congreso", recordó Urkullu, dejando ver que la sentencia que da la razón a Vox se guía por un formalismo.

LOS VETOS DEL SUPERIOR DE JUSTICIA VASCO

Urkullu recordó que llevan un año y medio pidiendo "cobertura legal". Trajo a colación la decisión del Constitucional, la experiencia en la comunidad autónoma con el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que le tumba las restricciones, y las resoluciones contradictorias en otras comunidades. Dejó ver que, para cuando los jueces deciden, pasan varios días. Por ello, aclaró que su gobierno se ceñirá a lo que "contempla la ley" y, para el resto de cuestiones, como el uso de la mascarilla, realizará "recomendaciones".

En lugar de optar por el toque de queda, se va a cerrar el acceso a los parques, jardines y lugares de titularidad municipal a partir de medianoche y hasta las 6.00 horas para evitar los botellones y aglomeraciones. El Gobierno vasco, a través de PNV y PSE, lanzó la Ley Antipandemia vasca, ya aprobada en el Parlamento, pero no se oculta que no lo soluciona todo por sí misma, tiene límites y, para cuestiones como el toque de queda, se remite al estado de alarma. El portavoz Bingen Zupiria añadió que sería conveniente que el Estado tuviera la suya, respetando las competencias autonómicas y habilitando a los territorios para tomar medidas.

EL ESTADO NO MUEVE FICHA

El Gobierno español sigue sin mover ficha, y ha vuelto a poner el foco en lamentarse por la sentencia. La ministra Robles pidió "sentido de Estado" al Constitucional y le recriminó que entre en "elucubraciones doctrinales", según dijo en la cadena Ser. Ione Belarra, ministra de Unidas Podemos, vio en TVE que los jueces "hacen oposición" al Gobierno.

Iñigo Urkullu es consciente de que no hay cobertura legal y no la habrá en el corto o medio plazo. Quién sabe si tampoco en el largo. De ahí que apueste por lidiar con lo que hay sobre la mesa. No ha planteado el toque de queda porque el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rechazó hace dos meses esa posibilidad. Esta vía, al igual que los cierres perimetrales, se da por "jurídicamente cerrada", como dijo Zupiria.

Desde entonces, el Supremo, que según Sánchez estaba llamado a unificar criterios, ha rechazado ese toque de queda con carácter general en una comunidad o una provincia o territorio, y a eso se agarran algunas comunidades para pedirlo solo en municipios concretos. Pero la práctica demuestra que ningún tribunal ha entendido con claridad que exista un criterio unívoco y, por ejemplo, en Valencia se ha permitido el cierre nocturno, pero no en Canarias en las islas que se encuentren en niveles superiores de alerta.

Algunas voces del PP comienzan a decir ahora que la sentencia del Tribunal Constitucional, en la medida en que obliga a decretar el estado de excepción para el confinamiento en las casas, podría suponer que tampoco haya toque de queda, porque obliga a permanecer en la vivienda, aunque sea por menos tiempo. El PP solicitó una ley para la pandemia y C's también pidió reformas, aunque en un sentido recentralizador para reforzar al Estado.

FALTA DE COBERTURA

Zupiria aseguró en Radio Euskadi que "no son buenos tiempos para la seguridad jurídica y para las administraciones que tienen que adoptar decisiones y no cuentan con esa cobertura". "Puede ser comprensible que haya dudas jurídicas sobre cuál es el instrumento más eficaz, si tiene que ser el estado de alarma o de excepción, pero no hay duda de que es necesario adoptar medidas y hacen falta instrumentos legales para hacer frente a este tipo de situaciones. Desde marzo del año pasado se echa en falta la existencia de estas coberturas legales, y hoy es el día en que el Estado español no dispone de ninguna norma que permita hacer frente a esta situación de pandemia", lamentó.

Recordó que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley Antipandemia, pero cree que "sería bueno que el Estado contara también con una ley que fuera redactada y aprobada por consenso, respetando la realidad autonómica, y en el caso de Euskadi, las competencias exclusivas que tiene". En la cadena Ser, también dio por "jurídicamente cerrada" la vía de los toques de queda tras la negativa del superior de justicia vasco.

LAS DUDAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Tribunal Constitucional publicará próximamente su sentencia, emitida por seis votos contra cinco. Declara inconstitucional que se impidiera la circulación salvo para comprar alimentos y cuidar a mayores, que se restringiera la circulación de vehículos y que el ministro del Interior pudiera cerrar al tráfico las carreteras por salud pública, seguridad o fluidez. No cuestiona que esas medidas fueran necesarias, pero sí que la percha elegida fuera el estado de alarma. El de excepción sí permite suspender derechos y no solo limitarlos.

Desde el PP, Pablo Casado pidió una Ley de Pandemias porque cree que hacen falta un marco legal y una ley orgánica. Castilla y León tampoco va a tomar más decisiones por la "inseguridad jurídica". El portavoz adjunto de C's en el Congreso, Edmundo Bal, denunció "intromisiones" de la exministra Carmen Calvo llamando a la magistrada Roca por teléfono, y pidió en Onda Cero reformar la ley de alarma, excepción y sitio para dar mayor poder al Estado frente a las autonomías.