En lo referente al reparto de los fondos europeos, la fecha que tiene marcada en rojo en su agenda el Gobierno vasco no es otra que la del viernes, cuando tendrá lugar la reunión bilateral entre el lehendakari y la vicepresidenta española Nadia Calviño y se presentará la oportunidad de reconducir el modelo hacia una mayor participación de Euskadi. Este lunes ha tenido lugar una reunión con todas las comunidades autónomas, la Conferencia Sectorial sobre el clima de negocios convocada por Calviño, pero es un encuentro al que dio un perfil bajo la consejería vasca de Hacienda que dirige Pedro Azpiazu, en consonancia con la escasa utilidad que concede Urkullu a unas reuniones que habitualmente solo sirven para acatar decisiones ya tomadas desde Madrid. No acudió el consejero, sino que lo hicieron el viceconsejero y el director para los fondos europeos, Iñaki Barredo y Juan Alberdi.
No se emitió una nota de prensa, aunque fuentes consultadas por este periódico en el equipo de Azpiazu avanzaron que la parte vasca reivindicó los contenidos de la carta que envió el lehendakari a la vicepresidenta a finales del año pasado para pedirle una capacidad de gestión directa en los fondos. En esa carta, Urkullu también le había pedido una reunión técnica y bilateral entre ambos gobiernos para abordar esa posibilidad. Fuentes de Lehendakaritza creen que la reunión prevista para el viernes a las 12.00 entre el propio Urkullu y Calviño en Ajuria Enea ha sido la forma de la vicepresidenta de responder a esta carta. A partir de ahí, desconocen si Calviño tiene previsto lanzar algún guiño, y solo pueden constatar que está prevista la comparecencia de la vicepresidenta española tras la cita.
La principal demanda que le planteará el lehendakari es la participación en la gestión directa de los fondos y no actuar como mero cajero del dinero: se trataría de que Euskadi pueda decidir a qué proyectos se destina el dinero (si no es todo, sí un porcentaje significativo), y no limitarse a recibir el dinero y repartirlo en unas áreas que ya vengan decididas desde Madrid. Ese es el matiz que creen que se deja en el tintero la delegación del Gobierno español cuando habla de que Euskadi ya gestiona más de la mitad del dinero.
¿Un primer paso para la flexibilidad?
En un primer momento, la vicepresidenta de Pedro Sánchez solo convocó la Conferencia Sectorial con todas las comunidades autónomas, recibida de manera gélida desde Lehendakaritza y la consejería de Hacienda, y que se ha celebrado este lunes. Lo que se está sometiendo a debate es la adenda que enviará el Estado a Bruselas para acceder a 84.000 millones en concepto de préstamos, a los que se sumarán 7.700 en transferencias. Urkullu espera llegar a un acuerdo antes de que la adenda se envíe a Bruselas. Puede ser el último tren. Por lo pronto, Calviño sí se ha abierto este lunes a cierta flexibilidad en el capítulo del dinero que está llegando en concepto de subvenciones. La parte vasca se había quejado de las dificultades para adjudicar subvenciones en determinados programas sobre la educación de 0 a 3 años o sobre la primera experiencia laboral en el sector público, que no estaban funcionando bien, y había pedido flexibilidad para adjudicar ese dinero a otros fines, para que las comunidades puedan ver dónde lo encajan.
Calviño invitó a las comunidades a identificar los proyectos que pueden tener una mayor dificultad de ejecución, para que puedan cancelarlos y “reasignar” ese dinero a otros cometidos y que el dinero europeo se pueda “aprovechar al 100%”, tal y como reconoció públicamente en una comparecencia posterior. La consejería de Azpiazu prefiere no alzar las campanas al vuelo hasta ver cómo aterriza este compromiso verbal, que afectaría al capítulo de las subvenciones.
En la cita de este lunes, la parte vasca ha hecho hincapié en la oferta de Urkullu como una propuesta constructiva de mano tendida para reconducir la gestión de los fondos y darles la mejor utilidad posible, para que sean realmente efectivos. El lehendakari parte desde la premisa de que las comunidades autónomas son las que mejor conocen a su tejido económico, y también cuentan con canales de relación con las pequeñas y medianas empresas que pueden agilizar el proceso. Se da la circunstancia, además, de que este dinero se convertirá en deuda para Euskadi, de ahí que el lehendakari pida claridad y compartir la gestión.
Tres peticiones en la reunión
La parte vasca confió en que la reunión del viernes sirva para cambiar el rumbo y puso sobre la mesa tres demandas: que las comunidades autónomas tengan una capacidad de gestión directa de los fondos europeos y puedan usar también los canales que ya tienen para hacer llegar el dinero a las empresas de manera más ágil, como el Instituto Vasco de Finanzas o los mecanismos de la Spri; que el Estado aclare los puntos de la adenda que influyen en competencias vascas como la fiscalidad o la gestión del IMV; y que concrete qué parte de los 20.000 millones del fondo de sostenibilidad para las comunidades correspondería a Euskadi y si hay margen para decidir el destino del dinero. “Mayor concreción y mayor protagonismo”, resumen desde la consejería de Hacienda.
Sobre ese último punto, Calviño accedió a convocar una nueva reunión técnica ante las dudas de las comunidades para concretar la articulación de esas inversiones sostenibles de las comunidades teniendo en cuenta el “sistema de financiación autonómica”. Según dijo, el fondo de las inversiones sostenibles reviste de “una notable complejidad teniendo en cuenta el sistema de financiación autonómica y la necesidad de garantizar la neutralidad fiscal”.
En este encuentro, la vicepresidenta escuchó también las reservas de otras comunidades que piden una mayor transparencia, dado que la primera noticia que han tenido sobre la adenda ha sido su publicación ya en Consejo de Ministros. Se cuestionó que la cogobernanza sea real, se denunció que las comunidades no participen en el diseño de la adenda y que sean meras gestorías; y Madrid, Murcia y Andalucía, gobernadas por la derecha española, pidieron convocar la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación en sentido estricto, y no la del clima de negocios.
Calviño minimizó las quejas. “A excepción de una comunidad, prácticamente todas han trasladado un profundo agradecimiento y reconocimiento a la labor del Gobierno para el despliegue ágil de los fondos”, dijo. Según sus cifras, en enero ya se han comprometido 3.000 millones, más de un 13% del Presupuesto del año.