Cuando la gestión de los fondos destinados por Bruselas a combatir la crisis sanitaria y económica suponía una oportunidad de oro para ejercer una cogobernanza real en el Estado, Moncloa la ha malogrado de nuevo con su política de hechos consumados. Un modus operandi que caracterizó al Gobierno de Pedro Sánchez durante lo peor de la pandemia -pese a presumir de cogobernanza, primero decidía y después se reunía con los presidentes autonómicos- y que ahora ha salido de nuevo a relucir en un momento especialmente delicado: el envío inmediato a Bruselas de la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es decir, el texto complementario al PRTR que incluirá las reformas e inversiones que se prevé financiar con cargo a los préstamos procedentes de los fondos europeos.
Así lo expone el lehendakari Iñigo Urkullu en una carta fechada el pasado martes, pero que se conoció ayer jueves, dirigida a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en la que le expresa su “disgusto” por una cadena de acontecimientos que deja a Euskadi, de nuevo, fuera de un ámbito de decisión crucial.
La misiva de Urkullu responde a otra enviada por Calviño el pasado 21 de diciembre, en la que le daba traslado de los acuerdos alcanzados la víspera por el Consejo de Ministros respecto al anexo o adenda al PRTR. El malestar del lehendakari es evidente a lo largo de su escrito, ya que “hemos tenido conocimiento, una vez más, de todo lo que me reportas en tu carta” de forma previa a través de los medios de comunicación, reprocha. Lamenta, por tanto, que “nuestra esperanza de que la adenda se convirtiera en una oportunidad para la cogobernanza real se ha visto seriamente quebrada”.
La frustración del jefe del Ejecutivo vasco deriva de su convicción de que esta adenda, que incluye las propuestas a financiar con cargo a los préstamos Next Generation EU, así como la asignación definitiva de transferencias de REPowerEU -el plan para poner fin a la dependencia de la UE respecto a los combustibles fósiles rusos-, “supone la verdadera ventana de oportunidad para incluir una nueva forma gestión de los fondos MRR”, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de Bruselas. En otras palabras, un ejercicio de cogobernanza que, además, supondría “una forma más ágil de implantación” de esos fondos “en el tejido productivo del Estado”.
Toda vez que esta posibilidad se ha escurrido entre los dedos, Urkullu llama a “reconducir la situación” y solicita a Calviño que, “antes de que la adenda se envíe a Bruselas, podamos mantener una reunión técnica entre ambos gobiernos en la que encontremos cauces para avanzar” en una propuesta común que incluya las aportaciones de la CAV.
El lehendakari comienza su carta recordando la petición que Calviño realizó al Gobierno vasco el pasado 28 de julio, en la que “nos solicitabas nuestras aportaciones para la adenda del PRTR y nos invitabas a participar en el plan Retech”. Una solicitud a la que el Ejecutivo de Gasteiz respondió en “tiempo y forma”, primero el 14 de septiembre, cuando el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, envió a la ministra “nuestras aportaciones a la adenda”. Le siguió, un mes más tarde, la comunicación de “nuestros proyectos al programa Retech”.
Estas propuestas, en las que “llevamos trabajando intensamente, con rigor y responsabilidad”, se basan en el programa Euskadi Next, que fue “construido entre las principales instituciones vascas e identifica los proyectos realmente transformadores” para la CAV. En su respuesta, se puso además el entramado financiero vasco “a disposición de esta herramienta para facilitar la llegada de los nuevos fondos al tejido productivo vasco, especialmente las pymes”.
Sin embargo, lamenta el lehendakari, a la hora de la verdad “esas propuestas no han constituido un elemento clave para el diseño” de la adenda. Asegura por ello que no se trata de un ejemplo de cogobernanza, “ni en las formas ni en el fondo”, ya que “cogobernar implica compartir, debatir y construir conjuntamente, para luego dirigir y gestionar de forma coordinada aquello para lo que cada institución es orgánicamente competente”.
Papel de las CCAA
Urkullu dice, en referencia a la adenda, que “habría sido deseable haber tenido la oportunidad de participar en su diseño y no conocerla cuando todo está decidido, aprobado y comunicado”. Y es que lo acordado por el Consejo de Ministros provoca no pocas dudas, entre ellas “cuáles son las condiciones de los préstamos”. Advierte de que “no podríamos aceptar que nuestro endeudamiento esté condicionado a decisiones que no son nuestras, y menos en ámbitos competenciales propios”.
De los 12 fondos propuestos por el gabinete de Pedro Sánchez, generan incógnitas el de Sostenibilidad de las CCAA, el de Reforma de la Inclusión Social y el de Reforma Fiscal, con una dotación total de 31.000 millones. “¿Qué papel vamos a jugar las comunidades en la toma de decisiones? ¿Vamos a tener alguna incidencia a la hora de invertir en empresas estratégicas?”, se pregunta Urkullu. La pelota está, por tanto, en el tejado de Moncloa y su respuesta.