Urkullu pide abordar las transferencias en la Comisión de Cooperación y sus reglas lo avalan

Pedro Sánchez sigue sin responder a la carta que le envió el lehendakari en septiembre. Iñigo Urkullu planteó al presidente español crear una Comisión Permanente de transferencias para abordar la culminación del proceso cuarenta años después de la aprobación del Estatuto de Gernika. Quedan una treintena de materias todavía pendientes de ser gestionadas por Euskadi, y las luces rojas de alarma tiñen el horizonte en vista de los retrasos y de la forma en que el Gobierno español cuestiona la viabilidad de algunas transferencias. El lehendakari no se ha cruzado de brazos y se estruja las meninges para poder encauzar este debate en un foro que ya exista, viendo que no se está moviendo nada para hacerlo en un foro de nuevo cuño como la Comisión Permanente.

Urkullu adelantó en la entrevista publicada por este periódico el 11 de diciembre que podría hacerse en la Comisión Bilateral de Cooperación. Desde la consejería de Autogobierno que dirige Olatz Garamendi aseguran a este periódico que se están estudiando todas las opciones y que este órgano de cooperación es una de ellas. Se da la circunstancia de que el reglamento de esa comisión permite de manera expresa abordar en ese cónclave el desarrollo estatutario con las transferencias pendientes.

Las normas de funcionamiento de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco, firmadas el 29 de junio de 1987 por el entonces ministro socialista Joaquín Almunia y por el consejero vasco Juan Ramón Guevara, recogen cuatro “finalidades” para este órgano. La primera de ellas, precisamente, es el impulso de las transferencias, “el impulso de los procesos particulares o sectoriales de relación entre ambas administraciones y, en particular, en lo concerniente al desarrollo autonómico, sin perjuicio de las competencias propias de la Comisión Mixta de Transferencias”.

En el resto de puntos, se añade que en este foro se pueden resolver los asuntos europeos donde pueda confluir la actividad de ambas administraciones, adoptar actuaciones de carácter preventivo para evitar conflictos de competencias, y analizar “cuantos asuntos de mutuo interés puedan suscitarse”, un comodín que abre la puerta a abordar casi cualquier debate, por si no bastara con la alusión explícita a las transferencias que se recoge en el primer punto. Sobre su funcionamiento, establece que las reuniones tendrán una “periodicidad regular de acuerdo con lo que establezcan las partes”, aunque “en ningún caso transcurrirán más de dos meses entre cada una de las sesiones”. Una comisión técnica tendrá lugar “cada 15 días”.

En cualquier caso, las fuentes consultadas aseguran que se ha reunido con poca frecuencia. Lo relevante de este reglamento es que da un enganche jurídico para abordar el proceso de transferencias, es decir, la propuesta del lehendakari tiene un encaje oficial con un reglamento que permite llevarla a la práctica. Otra cuestión muy distinta es que esta vía vaya a prosperar. Urkullu no pierde la esperanza, pero aún está pendiente de la respuesta de la ministra Isabel Rodríguez con la autorización del propio presidente Sánchez.

La Comisión Bilateral de Cooperación es una vía que el Gobierno español y la ministra Isabel Rodríguez han querido rescatar especialmente en los últimos meses para el deshielo en Catalunya. En ella se han tratado de reducir los conflictos de competencias por la interposición de recursos contra leyes catalanas, se ha tratado de desbrozar el debate sobre varias transferencias como las becas o en el ámbito laboral, y se ha planteado reactivar la comisión de inversiones e infraestructuras.

Si no se ha utilizado antes en Euskadi con la finalidad de abordar el cierre del Estatuto o no se ha solicitado en público su convocatoria expresamente con este fin, se debe a que ha sido recientemente cuando ha surgido una nueva polémica: el cuestionamiento de la viabilidad jurídica de varias transferencias, que llegó a verbalizar el propio presidente español en una sesión del Congreso de los Diputados. Citó de manera expresa la meteorología, la gestión del litoral con el argumento de que no está muy desarrollada en el Estatuto y se menciona en pocas palabras, el fondo de protección a la cinematografía, y las autorizaciones iniciales de trabajo para personas migrantes, un último punto en el que Urkullu también ha abierto camino en una reunión con el ministro Escrivá.

El órgano habitual de relación en esta materia, la Comisión Mixta de Transferencias, no puede abordar este debate sobre la viabilidad de los traspasos o arrojar una visión global sobre todo el proceso pendiente. Esa Comisión Mixta solo se reúne para firmar acuerdos ya alcanzados sobre una o varias materias, es decir, es un órgano que ratifica y hace oficiales acuerdos ya alcanzados y, además, lo hace sobre traspasos muy específicos. No puede iniciar un debate a futuro sobre la globalidad del proceso. A su vez, esos traspasos que se firman en la Comisión Mixta se han tenido que negociar previamente en los grupos de trabajo de los técnicos, que tampoco abordan generalidades sobre el proceso, sino materias muy concretas. Además, los grupos de trabajo no reúnen a cargos públicos de alto nivel que puedan dar un impulso político al proceso.

Por lo tanto, lo que plantea Urkullu es un órgano permanente de relación que pueda abordar desde una mirada más amplia el proceso y pactar una metodología para abordar el cierre del Estatuto de Gernika. Lo hace teniendo en cuenta que el propio Consejo de Ministros se ha comprometido con un calendario de materias para desarrollar el autogobierno que no está cumpliendo. En estos momentos, se habla de la transferencia de las líneas de tren de cercanías, y se han producido tanteos muy previos a nivel político sobre la transferencia de migración. En este momento, queda una treintena de materias pendientes de ser gestionadas por Euskadi, si se cuentan por separado las relativas al régimen económico de la Seguridad Social.

DISPOSICIÓN SIN CONCRETAR

El Ministerio de Política Territorial ya avanzó en septiembre a este periódico que estaba dispuesto a celebrar una reunión para abordar la situación jurídica de las transferencias pendientes y posibles alternativas o convenios para abordar aquellas que considera inviables. No ha llegado a concretar el encuentro y, por ahora, los movimientos que han trascendido en público se han producido a iniciativa vasca.

El Ministerio de Isabel Rodríguez se abrió a un encuentro sin especificar su formato, la composición de las delegaciones de ambos gobiernos, ni la fecha. Lo que plantea el lehendakari es abordarlo en la Comisión de Cooperación, aunque esta es una posición que defiende su gabinete junto a la consejería de Autogobierno, y nadie tiene la seguridad de que Madrid vaya a recoger el guante. Queda un año de legislatura en el Estado y, además, está jalonado de citas electorales, como las que tendrán lugar en mayo en los municipios y varias comunidades autónomas del Estado, y las generales previstas para finales de ese año 2023. El Gobierno vasco insiste en que el Estatuto es ley y corresponde cumplirlo por encima de coyunturas políticas o electorales. l