Urkullu pide al Gobierno español que mantenga su aportación para las ayudas al transporte

Que existe un consenso en la idoneidad de prorrogar las ayudas al transporte público de cara al año próximo lo demuestra la aprobación, la semana pasada en el Parlamento Vasco, de una moción para mantener, durante los primeros seis meses de 2023, las subvenciones que aún están en vigor. Queda por confirmar que se mantenga a su vez la metodología de este descuento del 50% en el precio de los servicios dependientes de las instituciones vascas, costeado en un 30% por el Gobierno español y en un 20% por el vasco. Una cuestión en la que los propios socios del Gobierno vasco se han enzarzado, con acusaciones cruzadas de “deslealtad” entre el PNV y el PSE, aunque garantizando la buena salud de la coalición.

El lehendakari Iñigo Urkullu terció ayer miércoles en esta cuestión emplazando al Gobierno español a mantener estas ayudas porque “es lo que creo justo reclamar”. Tras el 40 Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) celebrado en Oñati, recordó que, en relación con las ayudas para el transporte de viajeros, en particular en trenes y autobuses, el Parlamento Vasco “ha aprobado la semana pasada en Pleno mantener la bonificación del 50% e implementarlo en base a los tramos de rentas y el poder adquisitivo de los ciudadanos vascos”.

“Esta es una cuestión que Sánchez anunció en septiembre, habíamos venido trabajando y estamos trabajando con la aportación del 30% del Gobierno español y del 20% por parte de las administraciones vascas. Y es el planteamiento que sigo manifestando como necesario para el conjunto del Estado español”, explicó a preguntas de los periodistas. Urkullu dijo confiar en que el PSOE “siga impulsando esta medida hasta lo que queda de año y tome una decisión similar a lo que hoy en día está vigente”. Moncloa sí ha anunciado que va a ampliar al próximo año los abonos gratuitos de Renfe, Cercanías y Media Distancia.

Pedagogía ciudadana

El lehendakari recordó que esta iniciativa fue impulsada por el Gobierno español sin consultarla con nadie, y que Euskadi es una de las cinco comunidades que “hemos implementado con nuestros recursos las ayudas que el Gobierno mantiene vigentes”. Por este motivo, “no es de recibo que una medida impuesta sin contar con la competencia de las comunidades autónomas pudiera provocar una situación no deseada de agravio entre ciudadanos de Euskadi”, según sean usuarios de un transporte u otro, ya sea Renfe, Euskotren o los servicios de transporte de viajeros locales y forales interurbanos.

Llamó además a hacer pedagogía con la ciudadanía sobre lo que suponen estas ayudas, “no solo en la reducción de la emisión de gases invernadero o el impulso del transporte público”, sino también sobre “el coste que estas medidas tienen en la gestión y en el déficit de explotación de todo transporte ya sea local, municipal, territorial, de ámbito de comunidad o estatal”.

Tras el Consejo del Gobierno vasco del pasado martes, su portavoz, Bingen Zupiria, aseguró que “a día de hoy la incógnita es qué hará el Gobierno de España” con las ayudas. El consejero de Turismo, Javier Hurtado, del PSE, apostilló que “lo importante es que a partir del 1 de enero los vascos van a mantener los descuentos”. 24 horas antes, el lunes, el parlamentario del PNV Iñigo Iturrate recordó que su grupo en el Congreso presentó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para prorrogar dichas bonificaciones, iniciativa que no prosperó porque “PSOE, Podemos y otros votaron en contra”.

Sin acuse de recibo

En la misma comparecencia, el lehendakari aseguró que aún no ha recibido respuesta a la carta que envió el 22 de septiembre al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que contenía su intervención en el Pleno de Política General del Parlamento Vasco. Allí anunció tres líneas de actuación “en base al desarrollo del autogobierno reconocido por el Estatuto de Autonomía de Gernika cumplidos 43 años ya desde su aprobación en referéndum”.

En concreto, en la misiva le pedía crear en el plazo de un mes una comisión permanente entre ambos ejecutivos para garantizar el cumplimiento del calendario de transferencias acordado. El periodo para obtener una contestación “personalmente” expiraba coincidiendo con el aniversario del Estatuto de Gernika, el 25 de octubre.

Pese a ello, el Ejecutivo vasco está lejos de mantenerse de brazos cruzados. Iñigo Urkullu aseguró ayer miércoles que “aún así, estoy impulsando la relación entre la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, con la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para avanzar en cuestiones que veníamos planteando desde el Gobierno vasco en orden a esa cooperación y a esa coordinación bilateral entre ambos”, señaló.

Reto demográfico

Iñigo Urkullu fue el encargado de inaugurar el 40 Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, cuya presidencia ostenta actualmente Euskadi. Destacó que en “este escenario de incertidumbre” la CTP trabaja para “ofrecer soluciones a sus habitantes en ámbitos tan dispares como el cambio climático, la cultura, las energías verdes o la salud”.

Para ello, la CTP se dota de una estrategia pirenaica vigente hasta 2024. Una de sus prioridades es “responder a las demandas y necesidades de la juventud”, así como “dar respuesta al reto demográfico, tratando de mejorar y acelerar la emancipación de la juventud”.