El Gobierno vasco es consciente de que la ciudadanía lleva dos años inmersa en una tensión emocional sin precedentes. Primero llegó la pandemia del coronavirus y ahora, tras el estallido de la guerra en Ucrania, preocupan el alza de precios y la amenaza de un corte en el suministro de gas por parte de Rusia. Todo ello provoca una sensación de incertidumbre en los hogares por el temor a perder calidad de vida. Ante esa situación tan delicada, el Ejecutivo vasco quiere lanzar un doble mensaje. Por un lado, uno de calma y de esperanza por las fortalezas que cree que caracterizan a la comunidad autónoma, como su nivel de PIB. Por otro, se quiere lanzar el mensaje de que la gestión de esta crisis tiene una prioridad máxima. Fuentes de Lehendakaritza aseguran a este periódico que se está analizando la situación y la eficacia de las medidas actuales por departamentos, y que el análisis va a ser pormenorizado en todas las instituciones. En función de los resultados de ese análisis, se decidirá adoptar o no más medidas.
El mensaje oficial ahora mismo es que se debe ponderar bien el efecto de las decisiones porque, si no son las adecuadas, su recorrido será corto. Pero no se descarta adoptar nuevas actuaciones, algo que se reconoce ya en público. Este es el principal reto ahora y lo será en el arranque del nuevo curso a finales de agosto. Y, probablemente, lo seguirá siendo el próximo año.
El Gobierno vasco anunció un paquete de 200 millones el 8 de abril, durante el pleno monográfico del Parlamento Vasco para afrontar la guerra en Ucrania. Eran medidas complementarias a las que pudieran tomar la Unión Europea y el Gobierno español. Pedro Sánchez acaba de anunciar también ahora otro paquete de actuaciones, y parece que el Ejecutivo vasco podría hacer lo propio, pero quiere dar con la tecla adecuada para que las medidas sean efectivas. A este dibujo de situación hay que añadirle la presión de EH Bildu para adelantarse al Estado con un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas elaborado desde Euskadi, sin esperar a la proposición del ley que presentarán PSOE y Unidas Podemos. Un anuncio que, aunque pretenda lo contrario, en realidad termina haciendo seguidismo de Sánchez.
El 8 de abril, Urkullu anunció un fondo de rescate social con ayudas para paliar la pobreza energética y para los refugiados ucranianos, y otro de rescate económico para las empresas. El Gobierno vasco está evaluando el resultado de esas actuaciones y, por boca del lehendakari, ya ha adelantado que cuenta con recursos para asumir nuevas medidas y ayudar a las familias.
En este sentido, Urkullu se prepara ya para lo que él mismo ha anunciado como “tiempos difíciles” por las incertidumbres que existen sobre el suministro de energía, aunque ha añadido que la comunidad autónoma está haciendo los deberes para acelerar la transición energética y la instalación de infraestructuras de energías renovables, un último punto donde también se han lanzado apelaciones al Estado para que permita agilizar los trámites. Al margen de los planes de transición energética del Gobierno vasco, sobrevuela el problema de que la Unión Europea ha abierto la puerta al gas y las energías nucleares, pero en el caso del Estado español no se puede explorar la existencia de gas porque su legislación lo impide.
Ante este escenario, el Gobierno vasco tiene previsto activar ayudas extra para las empresas afectadas por los precios del gas, y tratará de dar pasos en infraestructuras renovables para no pasar de una dependencia del gas a una dependencia de las energías renovables que vengan de fuera de la comunidad autónoma.
SALUD
Otro de los puntos críticos pasará por garantizar la sanidad, un posible flanco de desgaste por parte de la oposición, como ya lo ha demostrado el discurso crítico de EH Bildu en este sentido. El Gobierno vasco traslada que no habrá recortes. El parlamentario jeltzale Iñigo Iturrate no descartó ayer lunes en Onda Vasca que pueda organizarse un verano caliente por parte de los sindicatos, y consideró que la mayoría sindical vasca ha apostado por la confrontación permanente, pero que el servicio de salud es un “servicio esencial” . Dijo que algunas actuaciones sobre la atención primaria están en manos de la Administración vasca, pero otras no. Trató de explicarlo de manera gráfica. Aclaró que todos los médicos de familia o pediatras contratables están contratados, pero que no son suficientes y depende de las plazas que ofrezca la universidad y de las plazas MIR.
Además del pleno sobre Ucrania, el Parlamento celebró otro sobre el reto demográfico que también es estratégico, y donde emergen cuestiones relacionadas con la conciliación y la emancipación de los jóvenes. En el plano empresarial, las inversiones que se puedan captar van a ser decisivas. Sobrevuelan igualmente las actuaciones sobre el transporte público, donde Sánchez ha decidido ahora que el abono de los trenes de Renfe sea gratis, y ha sugerido que las comunidades amplíen el descuento en sus redes del 50% al 60%.
ACUERDOS
Iturrate confirmó que el reto para el próximo curso será hacer frente a la inflación, y que esperan uno o dos años marcados por la economía. Las elecciones municipales y forales de mayo están a la vuelta de la esquina, y pide a la oposición que no pierda la “voluntad de colaborar”. El PNV hace la lectura de que los acuerdos han permitido rebajar la crispación y aportan un plus de estabilidad en la crisis: “Esperamos que la oposición mantenga esta misma actitud y no se deje arrastrar por los vientos electorales”. Admitió que vienen “tiempos difíciles”, pero que “este país está preparado, tiene un PIB fuerte”, una apuesta por los servicios públicos y tasas de empleo que se van reduciendo.