Mientras se multiplican las advertencias de un duro invierno, Euskadi parte desde una situación óptima para hacer frente a las adversidades y, sobre todo, a las incertidumbres. Al menos esa es la rampa de salida que se dibuja desde el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, que arranca hoy el curso reuniendo a su Consejo de Gobierno en el Palacio Miramar de Donostia, donde se hará un primer análisis del escenario presente con la crisis económica y energética como referentes. El borrador de medidas del Plan de Contingencia vasco, a punto de quedar definido para ser abordado con Moncloa; la intención de acercar posturas con la oposición de cara a los próximos Presupuestos; y la deflactación en todos los tramos del IRPF para hacer frente a la inflación se esbozan como ejes próximos de la legislatura, donde el lehendakari y su equipo de trabajo se afanarán en dar respuestas a la ciudadanía vasca.
Los retos no son baladí. Tras capear las secuelas que dejó la pandemia, la invasión rusa en Ucrania ha enrevesado la capacidad de encontrar soluciones certeras para recuperar al completo el contexto previo a la crisis sanitaria, y es que si ya estaba afectado de por sí el suministro de materiales y el precio de los bienes, el panorama se ha complicado con los problemas en el suministro energético. “Hay que ser realistas y estar preparados para lo que venga”, consideran desde Lakua, aunque tanto las consejerías encabezadas por Pedro Azpiazu como por Arantxa Tapia defienden que la industria vasca sabrá cómo hacer frente a estas diatribas. Mientras Europa ya aborda medidas de ahorro energético y a la espera de que el Estado español remita a la Unión Europea su Plan de Contingencia, Euskadi completa su escaleta de medidas, con las aportaciones realizadas por instituciones, organizaciones empresariales e industriales, así como con los sectores implicados, para enviarlo al Ejecutivo de Pedro Sánchez. De hecho, si el PNV dio el visto bueno al decreto de ahorro de Moncloa fue porque la propia vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, consideró que el Plan vasco es “sólido” y “positivo”, y se comprometió a incluirlo en el documento que el Gobierno español trasladará a la Comisión Europea.
En esta tesitura, el Ejecutivo vasco entiende que, a pesar de la mayoría absoluta que ostentan PNV y PSE, es momento para el entendimiento político, también en la Cámara. La consejería de Economía y Hacienda prepara una ronda de contactos para la segunda quincena de septiembre con todos los grupos parlamentarios, excepto con Vox, con el objetivo de que puedan realizar sus aportaciones correspondientes al anteproyecto de Presupuestos, que se presentará a finales de octubre. Después de los acuerdos alcanzados en el pacto educativo, el reto demográfico o en las necesidades para ir solventando las consecuencias del conflicto bélico, hay esperanza en que Bildu y Elkarrekin Podemos se dejen seducir por los planteamientos que se pongan sobre la mesa. Más difícil parece que será la tarea con PP+C’s, situado en otro vértice y con una perspectiva de tinte más electoral pese a los guiños que lanza su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, a los jeltzales. Las Cuentas resultantes se antojan claves para profundizar en la recuperación económica después de que el pasado junio se expusieran las directrices generales de las mismas. Todo apunta a que será un Presupuesto récord, que superará los 13.616 millones de gasto previstos para este año, fundamentado en el incremento de la recaudación fiscal, principalmente del IVA, que ha propiciado el desatado auge de los precios en los últimos tiempos. En principio, este anteproyecto sería aprobado por el Consejo de Gobierno el 25 de octubre y remitido al Parlamento Vasco tres días más tarde. A partir de ahí empezaría la negociación real.
Bildu se perfila como candidato al consenso tras firmar las anteriores navidades su primer acuerdo económico con Lakua, si bien la formación de Arnaldo Otegi ya ha colocado en el tablero sus recomendaciones para combatir la crisis. La coalición soberanista, que pretende medidas más estructurales, no comparte que el incremento de recaudación no se destine a gasto corriente porque desde el Ejecutivo de Urkullu se estime que la situación es coyuntural.
Inflación
En cuanto a la inflación, una de las cuestiones más preocupantes, el lehendakari ya anunció el 28 de julio un paquete de medidas fiscales, con un coste estimado de 250 millones para las instituciones vascas, entre las que destaca la deflactación del 4% en todos los tramos de la tarifa del IRPF, que se suma a la del 1,5% aprobada a principios de año. El conjunto de medidas acordadas supone un esfuerzo fiscal ingente y trascendente. “140 millones benefician a todas las personas contribuyentes de la renta y 110 millones benefician a las más vulnerables”, razonó entonces Urkullu, persiguiendo que los futuros Presupuestos sean inversores y que garanticen las coberturas sociales.
Aportar esperanza desde el rigor en la gestión será la seña de identidad de los pasos que vaya dando su Gabinete. Como precedentes para la confianza están los 1.569 millones de euros destinados desde el inicio de la pandemia, las cuantías para inversiones estratégicas o a modo de rescate tras los primeros compases de la guerra. Ahora toca ahondar en acertar con las recetas para solventar los nuevos interrogantes.