“¿Vamos a hacer lo que nos da la gana? No. Vamos a tener que aplicar la ley”

Cree que el nuevo modelo autonómico de Prisiones servirá para ahondar en la reinserción y lograr unos índices de reincidencia más bajos que los actuales

Vitoria – Juez en excedencia, Jaime Tapia (Bilbao, 1962) abandonó este año la Audiencia de Araba para asumir el reto de construir el sistema vasco de Prisiones tras la llegada a la CAV de la competencia en esta materia. Con motivo de su participación en una conferencia sobre reinserción organizada en la capital vizcaína por Sare y por la UPV/EHU, Tapia relata a este diario cómo está siendo la puesta en marcha del modelo autonómico penitenciario.

¿Cómo están discurriendo las primeras semanas de gestión vasca de Prisiones?

—Ajetreadas, se puede decir. Estamos trabajando intensamente en el día a día, en poner en marcha todo lo que es la competencia y en el funcionamiento con internos y funcionarios. Ahora también tenemos el arranque de Aukerak –la nueva agencia vasca de reinserción– que ya el 1 de enero se pone en funcionamiento. Al mismo tiempo, tenemos la perspectiva de las cosas que hay que hacer a futuro: tenemos que llevar a cabo todas las medidas que hemos contemplado para el modelo penitenciario vasco en esta legislatura. Todo esto hace que haya muchas reuniones, documentos, exposiciones... Y además hay que explicar a la ciudadanía todo lo que venimos haciendo.

¿Qué tal está siendo la relación con el funcionariado? Un sector amagó con pedir el traslado.

—Yo creo que a raíz de llegar al acuerdo con el sindicato mayoritario las cosas volvieron a su cauce. Ese nerviosismo en cierta manera legítimo está más o menos encauzado. Ahora tienen un periodo de dos años de tranquilidad y el director de Administración de Justicia está continuamente reuniéndose con los sindicatos. El reto para esta legislatura es consolidar plantillas, incrementarlas en su caso, y realizar bolsas de trabajo y también OPEs para que se pueda crear una plantilla acorde con los requerimientos de las personas privadas de libertad.

¿Cómo se ha atrevido a dar el salto del juzgado al Ejecutivo?

—Aunque hoy en día es un poco inverosímil, la gente que me conoce sabe que mi profesión la he enfocado siempre desde la idea del servicio público. He ejercido como juez, o lo he intentado, con la idea de que soy un servidor público. Cuando me propusieron pasar a ser asesor de la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales me impulsó la idea de colaborar y aportar mi granito de arena en este proyecto para mejorar la vida de las personas, de los internos y las internas, de las víctimas y de la ciudadanía en general. Para mí personalmente ha supuesto una pérdida de la zona de confort, pero tengo una idea de servicio público que en mi caso también tiene que ver con mis creencias religiosas y de apoyo a los más desfavorecidos.

Entiendo que poner en marcha un sistema penitenciario es un reto atractivo.

—Sí, aunque no quiero acaparar todos los éxitos. Muchas veces se centra en mí la atención y no debe ser así: hay un conjunto de personas que, empezando por la consejera, está empujando en el mismo sentido. Queremos empezar una nueva competencia que, dentro de unos parámetros legales que nos vienen dados por la legislación, incida en ciertos ámbitos y facetas para identificar algo diferente, interesante y positivo para la ciudadanía.

¿Qué ámbitos son esos en los que la gestión vasca puede marcar la diferencia?

—Hemos marcado una serie de elementos, unas líneas a futuro. Ahí entra la situación de las mujeres en los centros penitenciarios, con mucha desigualdad y casos de violencia de género. En ese ámbito se puede mejorar. También están los hijos de las personas privadas de libertad y las personas con enfermedades graves o incurables, así como los mayores de 70 años. Es muy importante también en los centros penitenciarios el problema de la salud mental. Y luego está la justicia restaurativa, que pone el énfasis en la atención a las víctimas. Hay que reforzar también la implicación de los servicios sociales, en colaboración con los departamentos del Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos. Lo mismo con la participación del tercer sector, con organizaciones que ya están desarrollando sus programas y actividades dentro y fuera de los centros penitenciarios y podrán tener un mayor protagonismo.

¿Y qué hay de la integración?

—Es una idea fundamental, la integración sociolaboral de las personas privadas de libertad. Se hará a través de la agencia Aukerak, con el objetivo de ofrecer una perspectiva de integración en el mundo laboral mediante formación y recorridos sociolaborales. Todo esto le da un punto de vista diferente a lo que se viene realizando en el Estado. ¿Es mejor o peor? Yo creo que tiende a que sea más beneficioso para las personas privadas de libertad.

Usted es un firme defensor de la reinserción. ¿Qué novedades ofrecerá Aukerak en este sentido?

—No somos pretenciosos en el sentido de que no se haya hecho nada hasta ahora y que vamos a inventar algo; en los últimos años ya se estaban tomando medidas para lograr esa inserción sociolaboral. Pero queremos profundizar y mejorar lo que hay. Si tenemos éxito el modelo será sensiblemente mejor. Tenemos que apoyarnos en programas de formación individualizada, talleres de formación, colaboración con entidades del tercer sector... Todo esto, coordinado con administraciones como Lanbide, hace que probablemente podamos lograr unos índices de reincidencia menores que van a beneficiar a toda la ciudadanía.

¿Y qué margen de actuación existe? Porque la política penitenciaria la sigue marcando el Estado...

—Pero la legislación penitenciaria es relativamente flexible. A veces es una cuestión de implementación de recursos materiales y personales. Y creo que en el Presupuesto del año que viene se va a ver esa impronta; en cualquier caso, es un planteamiento a medio y largo plazo. Aspiramos a que esto se vaya desarrollando y mejorando paulatinamente, no de la noche a la mañana. La legislación no te pone límites: puedes hacer un curso o hacer veinte. Lo que necesitas es dinero y personas que vayan a darlos.

En la política penitenciaria estatal, estos últimos meses se han observado movimientos importantes sobre los reclusos de ETA. Los acercamientos se han acelerado, así como las progresiones de grado.

—Se ha producido una situación de traslados penitenciarios y se ve de manera positiva. Hay que ir haciéndolo previa petición de las personas que están privadas de libertad, con el visto bueno de las juntas de tratamiento, y además la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tiene que autorizarlas y pedir permiso a su vez al Gobierno Vasco. Los traslados, en la medida en que ha desaparecido ETA, son positivos y eso cualquier ciudadano lo puede entender. Luego hay otra serie de medidas como los permisos, progresiones de grado... Ahí hay que ir viendo cómo se desarrolla la propia aplicación de la ley por parte de la Audiencia Nacional y, en este sentido, tendremos que ir confrontando esa aplicación con nuestra propia actividad administrativa.

Según denuncian Foro Social, Sare o diversos juristas vascos y españoles, la Audiencia estaría bloqueando la reinserción de presos de ETA.

—Como representante del Gobierno Vasco no puedo utilizar esos términos. Realmente, hay una determinada aplicación de la legislación penitenciaria que es como el contrapunto a lo que he dicho hasta ahora. Es decir, nosotros vamos a aplicar la legislación penitenciaria en igualdad, citando el artículo 14 de la Constitución, pero es verdad que esta legislación contempla una serie de requerimientos especiales para las personas que cometieron delitos formando parte de la organización terrorista ETA. Es verdad que se está haciendo una determinada aplicación de esa legislación y los autos de la Audiencia Nacional marcan unas pautas interpretativas. Nosotros, una Administración que quiere colaborar con Justicia, tenemos que contemplar esa realidad y ver cómo podemos conectar esa interpretación con los planteamientos que tenemos en materias de igualdad, enfermedades incurables...

Con ETA ya disuelta, ¿no es hora de terminar con esos requerimientos especiales de la AN?

—Lo que pasa es que están contemplados en la ley, no me corresponde a mí hacer esa valoración de si se debe cambiar la legislación. Como asesor lo que me corresponde es ver cómo aplicar las leyes que tenemos desde el punto de vista del Gobierno Vasco. Mi vida me ha ido haciendo cada vez más posibilista y lo que podría llegar a ser ley me interesa de manera relativa: a mí me interesa lo que es la ley real. Así que vamos a ver cómo podemos conectar esa aplicación que está haciendo la Audiencia con la actuación administrativa que desarrollamos nosotros. El enfrentamiento, el ser una fuerza rebelde contraria a la AN, no lleva a ningún sitio, solo produce una frustración al ciudadano.

Algunos partidos de la derecha han dejado caer falsedades como que el Gobierno Vasco excarcelará a los presos de ETA en cuanto pueda.

—Forma parte de un discurso que respeto porque es libertad de expresión de un partido político que defiende a una parte de la ciudadanía. Así que siempre les contestamos en el sentido de que lo que dicen no es posible, precisamente por lo que he expuesto anteriormente. Es imposible decir vamos a hacer lo que nos da la gana. No; ni en un sentido ni en otro. ¿Vamos a hacer lo que nos da la gana? No. Vamos a tener que aplicar la ley. Y con estas personas privadas de libertad que cometieron delitos perteneciendo a ETA tenemos unos condicionamientos de tipo legal y la legislación se aplica de determinada manera por la Audiencia Nacional. Entonces, con esa realidad jurídica tenemos que intentar actuar. Iremos viendo también cómo evoluciona la Audiencia, si es que evoluciona.

Mientras tanto, se dan movimientos en el EPPK, el último de ellos el de poner fin a los 'ongietorri' públicos. ¿Cómo lo valora?

—Es obvio que es positivo. Yo creo que había un sentimiento por parte de la mayoría de la ciudadanía de que los recibimientos producían un dolor a las víctimas. Y ahora esa manifestación del EPPK contribuye a que las propias víctimas se sientan resarcidas o en su caso no heridas. Es positivo para todos los ciudadanos, más allá de la valoración que se pueda haber luego en clave penitenciaria. Las personas privadas de libertad, no solo por estos delitos, tienen que hacer un recorrido interno para darse cuenta de que lo que hicieron no estuvo bien. Eso también contribuye a su sanación como personas.

Desde Instituciones Penitenciarias se ha dejado caer que podrían reanudarse los encuentros restaurativos en la línea de la 'vía Nanclares'. ¿Hay avances al respecto?

—Dentro de nuestro modelo penitenciario una de las líneas fundamentales es la justicia restaurativa para atender los derechos y necesidades de las víctimas. Por lo que podemos contemplar sí que hay una cierta voluntad por parte de las personas privadas de libertad, no solo las de ETA, de participar en estos procesos restaurativos. Contemplamos que a partir del año que viene se pueda ofrecer la posibilidad de participar, tanto a internos como a víctimas.