Sé que engorda el tsunami que ve la inmigración como un problema de seguridad, que retoza en los tópicos de los empleos y los servicios que ocupan. Ojoplático me quedé la semana pasada cuando escuché a un líder sindical pedir que se prime dar empleo primero para los de aquí, como si los 2,7 millones de extranjeros ocupados ahora mismo en todo el Estado hubieran desalojado a los 2,6 millones de parados locales del trabajo de sus sueños y no estuvieran resolviendo necesidades que no figuran en la agenda de empleabilidad de estos últimos.
A la sorpresa le sigue la desazón cuando uno ve que la presidenta de la Comisión Europea apunta como modelo a seguir en la gestión de las peticiones de asilo el que ha empezado a aplicar Italia, concentrándolos extramuros –en Albania–, como que pretendía Reino Unido, pero más lejos –en Ruanda–. Más, cuando la justicia de ambos estados lo ha tumbado por pasarse por el forro un puñado de derechos y libertades.
El signo de los tiempos va por ahí. La xenofobia económica –lo que sobran son pobres, sean del color que sean– se disfraza de seguridad y de unos valores socioculturales, presuntamente superiores y presuntamente amenazados, para que la percepción haga tabla rasa con el huido de la violencia, el perseguido por razones de credo, ideología u orientación sexual, el apátrida –lo que asiste a todos estos se llama derecho de asilo– y el que no quiere morir de hambre o enfermedad en su casa y se embarca en una ruta suicida hacia el confinamiento y la expulsión en la mayoría de los casos.
Me resulta fácil señalar a la ultraderecha de aprovecharse de miedos, comodidades e inculturas, pero también a la izquierda que no ha ofrecido modelos de gestión y durante décadas ha reducido el asunto a un ejercicio de buenismo. Y, claro, si uno busca la solución en Meloni acaba haciendo melonadas.