La plataforma vecinal del barrio de Olabarrieta, en Galdakao, sigue insistiendo en su rechazo a que sus viviendas entren a formar parte del nuevo catálogo municipal de patrimonio cultural a proteger de la localidad aprobado, con carácter inicial, en el pleno del 22 de diciembre. A su juicio, la iniciativa “se ha gestionado mal, con muy poco acierto en el proceso y la elección de quien lo lidera” y consideran que “antes de nada, lo primero que tienen que hacer es prestar atención al abandono del barrio”. En este sentido, los afectados ponen especial hincapié en que “nos quieren hacer protectores de las casas cuando el Ayuntamiento aún no ha resuelto la accesibilidad al barrio, hay zonas a las que es imposible llegar sin subir escaleras, solo en coche, zonas sin iluminación, sin aceras, tendidos eléctricos aéreos, sin bancos, sin papeleras, sin servicios de desbroce, arquetas que se atascan y canalizaciones que revientan porque sí que son históricas”, denuncia el portavoz de la agrupación, Jon Arrieta.
La recién creada plataforma representa a las 120 casas del barrio, “a 120 familias en el Poblado Firestone, actualmente Olabarrieta, y la gran mayoría estamos en contra de ingresar en este catálogo cultural”, un proyecto del que “nos enteramos de casualidad, y nos organizamos rápidamente”. Tanto es así que “en solo 48 horas conseguimos reunir 662 firmas que nos apoyan, además de asesoramiento jurídico”.
Una de sus mayores críticas hacia el equipo de gobierno, liderado por EH Bildu en coalición con Auzoak, Usansolo Herria y Podemos, es la falta de información. “No nos han comunicado nada durante más de un año de proyecto. Tras las protestas, la concejala Olaia Parra, también delegada de Transparencia y Comunicación, nos dijo que en este proceso nos debían de informar uno por uno. Y no lo ha cumplido. Con haberlo publicado en la web municipal ya es legal. Si es bueno y bonito, les interesa la participación, pero si no lo han hecho nos da mucho que pensar”. Eso sí, “nos hemos enterado que el Obispado estaba informado. Y nuestras casas, nuestros domicilios, pagados con el esfuerzo de una vida de trabajo y otros aún con créditos, no merecen esa atención por parte del gobierno de Galdakao”.
Sobre la incorporación de sus viviendas en el catálogo municipal de patrimonio cultural a proteger, Jon Arrieta señala que “puede sonar bien, pero facilitarán a organismos superiores la potestad de otorgar las autorizaciones y licencias de actuación de las posibles intervenciones en los bienes protegidos” o incluso pueden obligar a “tomar medidas para que las obras que se hicieran a partir de ahora respeten la estética homogénea que quiso establecer Aguinaga”. Desde la plataforma quieren recalcar, además, que “lo que intentan proteger ya no existe, el barrio original ha sufrido tal transformación en 75 años de abandono, que es imposible retornar al origen. Ni siquiera en la primera línea de casas, las más visibles, han cumplido con ese propósito teniendo garajes y edificaciones anexas o no al edificio principal”.
Y también tienen serias dudas de que se puedan respetar esas construcciones o añadidos que no estaban originariamente y que los propietarios han ido realizando con el paso de los años, muchas de ellas con el pertinente permiso por parte del Ayuntamiento local. En todo caso, consideran injusto que “los que ya tengan edificaciones aprobadas por el Ayuntamiento, o no, lo mantengan mientras otros vecinos pierdan ese derecho”.
Peticiones al Consistorio
Tras la entrega, el pasado jueves, de las 662 firmas pidiendo sacar del catálogo las viviendas del barrio de Olabarrieta, representantes de la plataforma mantuvieron una reunión con el alcalde, Iñigo Hernando. En ese encuentro, lograron el compromiso de detener la publicación en el BOB (Boletín Oficial de Bizkaia) de lo aprobado en el pleno del 22 de diciembre, “pero no sabemos hasta cuando”. Sin embargo, su planteamiento de hacer una consulta en el barrio para conocer, de manera real, el posicionamiento de los vecinos ante esta iniciativa no ha sido aceptada. “Este gobierno dice que es una coalición que escucha, que está abierta al consenso y el acuerdo. Ya se ha respetado la decisión de otros en este pueblo. Nosotros también tenemos derecho a decidir”, afirman.
Además, la plataforma entiende que se ha podido incurrir en un caso de incompatibilidad por parte de la concejala Olaia Parra, de Auzoak, y responsable del departamento de Transparencia y Comunicación. “Habida cuenta del interés mostrado por esta concejala tenemos serias dudas de la incompatibilidad en su función y de la posible nulidad de este trabajo por su participación en la votación siendo además propietaria”. Ante todos estos hechos y la situación en la que se encuentran, su posicionamiento es claro. “No queremos entrar en el catálogo”, reiteran.