Veintiséis municipios de Bizkaia no tienen cajero automático

Los problemas que azuzan a la juventud para acceder a una vivienda o a un empleo en condiciones dignas no difieren mucho de las dificultades que padecen las personas más mayores (o con problemas de movilidad) para encontrar en su localidad una entidad bancaria en la que poder interesarse por sus ahorrillos o preguntar por un determinado recibo. Hasta medio centenar de municipios de Bizkaia (47) no tienen oficina y en 26 de ellos, ni siquiera hay un cajero automático del que poder sacar unos eurillos para hacer la compra, tomar unos vinos o pagar las medicinas.

José Bilbao, vecino de Artea, no tiene más remedio que ir a por su dinero al municipio vecino de Igorre, a tres kilómetros. Casi dos horas para poder sacar el sueldo del mes. "Entre coger el bus y esperar a que te toque el turno para sacar el dinero del cajero te lleva media mañana", lamenta. Y como él, cientos y cientos de personas, con nombre y apellidos, con dinero ingresado en una cuenta corriente pero que, sin embargo, no pueden tocarlo cuando quieran. Dependen del transporte público, del coche privado, del taxi o de la complicidad familiar para liquidar cualquier trámite bancario.

• MÁS INFO: Los vecinos creen que la pandemia ha sido una excusa para el sector bancario

Esta deshumanización en los servicios bancarios -como ha sido bautizado este fenómeno que se ha agudizado en los últimos años- no es exclusiva de Bizkaia o de Euskadi. Un informe interno del Banco de España calcula que desde la crisis de 2008 la presencia de cajeros automáticos en las calles se ha reducido en un 20%; y peor panorama presentan las sucursales: cada día fueron cerradas siete oficinas entre los meses de septiembre de 2020 y de 2021. ¿El resultado? Una media de cinco kilómetros hasta el lugar más cercano que sí dispensa dinero en efectivo, según se apunta en ese mismo informe.

Una persona con su tarjeta en un cajero.

La movilización ciudadana ante este trato discriminatorio y desigual ha llegado hasta Moncloa: la banca tiene hasta finales de este mes para presentar un paquete de medidas que garantice el acceso y la atención presencial. La propia Comisión Europea ha tomado cartas en el asunto para que ninguna persona mayor quede atrás en el proceso de transformación digital que está toqueteando todos los ámbitos de la vida. En Cantabria, por ejemplo, ya se han puesto manos a la obra y las administraciones han apostado -en colaboración con una entidad bancaria- por instalar cajeros automáticos en 38 pueblos. El propósito es luchar contra la exclusión bancaria.

En Bizkaia hay 47 municipios -donde residen 14.368 personas, según cálculos del Banco de España- sin atención personalizada de banca ni cajero automático. Artea es una de esas localidades. Los habitantes de este municipio de Arratia recuerdan que hubo un tiempo en el que en la misma plaza del pueblo había uno. Ahora nada. Tienen que ir o a Areatza, que tiene servicio solo los martes y jueves, o a Igorre. María Luisa, vecina de la localidad, cree que "no estaría de sobra pedir que volviesen a colocar el cajero de BBK que había. Sales un domingo a tomar algo y te encuentras sin dinero y tienes que ir a Areatza o a Igorre a sacar. No es normal que tengamos que andar así", comenta esta vecina.

Pedro Vázquez, también de Artea, tuvo el pasado viernes una cita concertada en una sucursal bancaria de Igorre, pero estando en el mismo banco le llegó al móvil un SMS para cancelarle la cita porque su gestor se había contagiado de coronavirus. "No me atendió nadie. Dentro estaba sola la directora. El banco estaba vacío", describía. En su opinión los bancos han dado la espalda a los ciudadanos y ahora solo les importan sus negocios. "Pero lo hacen con nuestro dinero, que no se olviden. Lo mínimo es darnos un servicio", recuerda. Según explica Vázquez no es la primera vez que ha tenido que ayudar a una persona mayor a realizar trámites a través de los cajeros.

"El otro día mismo una señora no sabía cómo sacar dinero y la gente se estaba poniendo nerviosa porque llevaban tiempo esperando en la cola", cuenta. Y añade: "Del interior del banco nadie se dignó a salir para echarle un cable", denuncia al tiempo que califica de abusivos los gastos de gestión que cobran las entidades por pagar con tarjeta. "El mínimo son tres euros. No hay derecho. Al final cobran por todo y encima no te dan el servicio en persona", asegura.

Mari Paz Sánchez lleva un par de años viviendo en la localidad de Arantzazu, en la que tampoco hay ni sucursal bancaria ni cajero. "Igorre queda al lado y no tenemos más remedio que ir para sacar dinero ahí", dice. A sus 60 años tiene que echar mano de sus hijos cuando necesita realizar alguna transferencia. "Me dan envidia y por más que me fijo me cuesta. Siempre he sido reacia a tener tarjetas de crédito, pero ahora no he tenido más remedio que pasar por el aro. No sé manejar los ordenadores, pero ahora he aprendido a defenderme en el cajero. Tiempo al tiempo...", confiesa.

Julen Arrieta, otro vecino de Artea se muestra enfadado con el trato que los bancos dispensan a los ciudadanos. "A mi ama con 85 años le dijeron que ya no le iban a dar más su dinero en ventanilla y que tenía que sacarse una tarjeta. La mujer se negó en un primer momento porque para ella era un trámite que lo hacía de manera presencial, sin ayuda de nadie, pero al final lo terminó aceptando". Ahora tiene que acompañar a su ama al banco a Igorre cada vez que quiere sacar algo de dinero. La atención personalizada, el trabajo de cara al público, ha perdido terreno frente a la banca digital.

Y la pandemia, con sus límites de aforo y demás restricciones, han remachado un proceso de desafección iniciado varios años antes. Así lo cree Pedro Manuel Martínez, profesor de Sociología en la UPV/EHU, cuando dice que "estamos ante un problema de ciudadanía digital" que no es exclusivo de las localidades más pequeñas; algunos barrios de Bilbao como Arangoiti, no disponen ya de estos servicios para sus vecinos.

"Una estrategia bancaria denominada red line establece que ante oportunidades de negocio es donde entran las entidades para ofrecer servicios, pero que allí donde los niveles de vulnerabilidad económica son mayores es donde precisamente desaparecen. La pérdida de equipamientos o de servicios financieros de cercanía para muchas personas, sobre todo mayores, es un trastorno. El problema que surge es de ciudadanía digital, de derechos digitales", apostillaba el docente.