Veteranos socialistas agrandan la presión sobre Sánchez contra la ley de amnistía

La dirección del PSOE ha ordenado no entrar al trapo de las voces discordantes con abordar la ley de amnistía que exige Carles Puigdemont para allanar la investidura de Pedro Sánchez, pero cada vez son más los dirigentes históricos del partido que irrumpen en escena para mostrar su rechazo a esta fórmula con la que atraer al independentismo. En Ferraz reina la calma porque entienden que la militancia ha hecho caso omiso a los llamamientos a la rebelión interna mientras la actual clase dirigente cierra filas sin resquicio con el presidente en funciones del Ejecutivo español. Ahora bien, la presión está ahí y ayer fue, por ejemplo, Joaquín Almunia quien se sumó a la nómina de viejas glorias que se ha pronunciado al respecto, entre ellos Felipe González, Alfonso Guerra y Ramón Jáuregui.

El expresidente del Gobierno fue el primero en expresar públicamente su oposición al sostener que en el marco de la Constitución no caben la amnistía ni la autodeterminación, en tanto que supondría reconocer que los dirigentes del procés hicieron lo correcto, que el “sistema represor” les culpó injustamente, que ellos fueron las víctimas y que, por tanto, pueden volver a hacerlo. Por su parte, Guerra, que tachó de “gánster” al líder de Junts, apeló al PSOE a no gestar una norma que daría lugar a “una condena de la Transición” y “una trampa que no cabe” en la Carta Magna. “Yo no me resigno, no aguanto eso, no lo voy a soportar”, llegó a decir. Otros históricos como el exministro Jáuregui lo calificó como “una legalización encubierta de actos contra el Estado que en todo el mundo están penados” además de “un reconocimiento de la unilateralidad”. El último en plasmar su inquietud –después de que lo hiciera también el expresidente del socialismo vasco, Jesús Eguiguren– ha sido Almunia, para quien antes de hablar de una hipotética amnistía se debería reflexionar “si desde el punto de vista del interés general de la sociedad hay condiciones” para impulsarla. “Yo no lo veo. Antes exigiría una rectificación política a Puigdemont”, zanjó en Radio Euskadi.

Como en otros asuntos, con tal de censurar a Sánchez, también han disertado exdirigentes como el exlíder del PSE Nicolás Redondo, para quien “acordar una amnistía con una persona que se ha fugado de España, pero no ha asistido a los juicios que le corresponden, solo por hacer un Gobierno, es dinamitar el sistema del 78”. Más escueto fue el exministro socialista Jordi Sevilla, quien en un tuit se limitó a apuntar: “Oído Puigdemont, pido elecciones. Y ahí lo dejo”. Ayer mismo, otro que no falta a la cita de las críticas, el expresidente de Aragón y senador autonómico, Javier Lambán, aseveró que la amnistía “abriría una vía de agua en la nave constitucional que podría llevarla directamente a pique”. “Todos los juristas han expresado que no cabe esa ley en la Constitución”, sostuvo, y remató: “Lo más eficaz” que ha hecho el Estado para frenar al independentismo ha sido la aplicación del artículo 155 en 2017.

Ante este aluvión, el PSOE se ciñe a que “las opiniones, opiniones son”, y algunas fuentes de la Ejecutiva Federal expresan su respeto pero reclaman otra forma de hacer política porque “el presente no es el mismo”. El único en activo que ha planteado críticas ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que cree que “vulnera el principio de igualdad ante la ley” y “choca con la Constitución”. Hay quienes se apoyan además en que el informe de los letrados del Congreso que rechazó en 2021 tramitar la ley de amnistía que reclamaban los independentistas argumentaba que no es posible la autorización de “indultos generales” sino que tienen que aplicarse de forma individual. Solo que el indulto es una potestad que emana del Gobierno, y la amnistía estaría encuadrada en una ley, de manera que sí puede abarcar a un colectivo en general.