Víctimas de pederastia: “La Iglesia ya no puede decir que son casos puntuales”

Alivio y esperanza. Son las palabras que repiten las Asociaciones de víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia tras la publicación, ayer, del informe que refleja la magnitud de estos delitos durante décadas en el Estado español.

Y es que como sostiene Marcos Layún, presidente de la Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas de Navarra, “la Conferencia Episcopal Española y, por tanto, todo lo que cuelga de ella tiene que posicionarse. No pueden seguir diciendo que apenas ha habido casos, que son cosas puntuales... Tienen que asumir que es un delito que han estado escondiendo y han encubierto”.

Además, se muestra conforme con lo recogido por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en la investigación, porque hace referencia a las reivindicaciones de las víctimas. De hecho, pone en valor que se destaque que “las víctimas tienen que ser escuchadas, atendidas y correspondidas”. Ya que siempre han denunciado que se sentían “abusados, silenciados e ignorados”. Sin embargo, sostiene que “habla de una Iglesia del silencio”, un término que Layún considera “caritativo”. “Es una Iglesia del encubrimiento y la mentira”.

Por el mismo hilo se pronuncia Juan Cuatrecasas, de la Asociación Infancia Robada, que asegura estar satisfecho con la investigación e informe realizados, un documento que recoge los testimonios y reivindicaciones de las víctimas, que a lo largo de los últimos meses se han reunido con el Defensor del Pueblo en numerosas ocasiones.

De hecho, destaca algunas, como la implementación de medidas para que “nadie se quede sin su terapia psicológica”, o la creación de bolsas de trabajo, para evitar la exclusión laboral y estudiantil de las víctimas de abusos.

Además, Cuatrecasas hace hincapié en la recomendación que realiza Gabilondo de que la Fiscalía actúe de oficio ante los ataques a las víctimas que denuncian por parte del agresor, o su entorno.

Como nota negativa o puntos aún por tratar ambos destacan la imprescriptibilidad. En el caso de Layún insiste en que es algo “que siempre hemos reclamado, porque lo consideramos un delito de lesa humanidad”. Cuatrecasas se muestra más reservado, ya que aunque desde su Asociación creen en la imprescriptibildad, “somos realistas y con el panorama político revuelto que hay esa reforma resulta complicada”. Sin embargo, alude a las mejoras que ha traído la Ley de Infancia, ya que “se subió el plazo de prescripción, a pesar de no ser retroactiva”.

Las Asociaciones de víctimas celebran la propuesta de creación de un fondo estatal para el pago de las compensaciones a las víctimas. Sin embargo, Layún sostiene que, en su opinión, “solo debería estar cubierto por la Iglesia, el Estado no debería poner dinero. Tiene que haber indemnizaciones, ademas de apoyo psicológico, pero no por parte del Estado”.

El presidente de Infancia Robada por su parte sí apoya la propuesta de Gabilondo de que el fondo sea estatal. “La responsabilidad es de la Iglesia, pero si hay un concordato firmado en este país es para lo bueno y para lo malo. Por supuesto que los poderes públicos tienen una responsabilidad. Reducirlo todo a la responsabilidad de la Iglesia me parece muy superfluo”, sostiene Cuatrecasas.

El informe hecho público ayer supone, para Layún, “un alivio”. “Desde el punto de vista de reconocimiento social, de esperanza, de que la conferencia asuma lo que hizo”, admite. Así, Cuatrecasas se muestra esperanzado del futuro que se abre ahora, tras cifrar y proponer medidas futuras para atender los casos de abusos en el seno de la Iglesia. Sin embargo, recuerda que “no es una carrera de velocidad”.

Y es que “las leyes no basta con redactarlas, hay que cumplirlas. Esto es un instrumento para los que tienen que hacer mucho trabajo todavía, hay que reflejarlo en una ley, cristalizarlo y que cuando las víctimas denuncien no se les considere héroes, porque eso refleja que algo falla”. Ambos coinciden: “Esto es el inicio de algo que esperamos que se cristalice, que es lo que toca”, zanjan los presidentes de las asociaciones de víctimas.