Las 124 casas derribadas en la avenida de Olarizu han dejado un solar vacío sobre el que en el futuro se construirán nuevas viviendas. El objetivo del gabinete Urtaran es edificar para recuperar el dinero invertido por el Ayuntamiento en todo el proceso de realojo de inquilinos, desalojo de okupas y demolición de los pisos iniciado en la época del exalcalde Patxi Lazcoz. En total, cerca de veinte millones de euros, calcula la concejala de Territorio, Ana Oregi. "Es mucho dinero", apunta.
De ahí, el proyecto para edificar nuevas casas. Calcula el Ayuntamiento que para recuperar el gasto habría que levantar 380 viviendas libres, salvo el 20% protegidas y el 20% tasadas que marca la ley.
Sobre los tiempos, nada adelanta Oregi, ya que este plan implica modificar el plan general urbanístico de Vitoria y, por tanto, requiere plazos largos, además de su posterior debate en Pleno.
No 'tocar' el parque de Olarizu
Sí aclara la edil que la construcción de viviendas se va a ceñir a la huella dejada por las anteriores edificaciones, es decir, sin tocar los accesos al parque natural de Olarizu ni a las zonas verdes. "Seguimos con esa línea", indica Oregi.
EH Bildu considera que el derribo de las casas de Olarizu podía haberse aprovechado para destinar ese terreno a pisos de alquiler para jóvenes, que es lo que demandan los gasteiztarras, y no VPO en propiedad. Opinión que también avala Elkarrekin.
Por su parte, el PP muestra su disposición a colaborar con el gabinete Urtaran para cerrar toda la operación de derribo y reconstrucción de la avenida de Olarizu, un "marrón" de la era Lazcoz, en palabras del concejal Miguel Garnica.
Un largo proceso
El derribo de las casas okupadas se inició en junio en medio de una inusitada expectación. Una gran tijera inició los trabajos en la zona de uno de los patios, con los primeros golpes sobre la fachada de ladrillo, a la altura del quinto piso, y la caída de los primeros cascotes en una zona completamente vallada y acordonada.
El proceso se alargó siete años desde que comenzaron las primeras okupaciones ilegales de los pisos hasta vaciar los últimos tres inmuebles okupados.
La obra para derribar los bloques de viviendas ha tenido un coste de 795.757,80 euros.