La posibilidad de que el vertedero alavés de Gardelegi termine por abrirse a la entrada de residuos de fibrocemento y amianto parece considerarse algo “lógico”, según reflejó ayer la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, durante su comparecencia en la comisión de Sostenibilidad del legislativo autonómico. Fue el grupo EH Bildu el que solicitó su presencia en la comisión dentro de las actuaciones contempladas en el plan de Prevención y Gestión de Residuos de Euskadi, que la consejera presentó públicamente y de manera oficial en noviembre del pasado año.
Durante su turno de palabra, Arantxa Tapia apuntó de manera directa a la situación del vertedero de Gardelegi de la capital alavesa, donde el plan contempla la posibilidad de que acoja celdas específicas de fibrocemento. La consejera señaló cómo aún no está cerrado el acuerdo con el Ayuntamiento de Gasteiz para este proyecto, pero llegó a considerar algo “lógico” que estos vertidos estos terminen en Gardelegi porque el recinto tiene capacidad y puede albergar el fibrocemento y el amianto de su entorno.
Tapia argumentó que en una “ciudad grande” como la capital alavesa, consideró algo “lógico” que los residuos de fibrocemento y amianto de la ciudad y del entorno se recojan en esa instalación y no se tengan que transportar a otro territorio. “Todavía la conversación me temo que va a ser muy larga hasta que consigamos ese acuerdo, pero lo entendíamos lógico, puesto que Gardelegi tiene capacidad suficiente para poderlo recoger. Daríamos servicio a su ciudadanía y entendíamos que era lo más lógico”, reiteró la representante del ejecutivo de Lakua en una larga y extensa comisión cuya duración se demoró hasta pasadas las 16.30 horas.
Postura firme del Ayuntamiento
Desde que en la recta final del pasado noviembre se revelaron los detalles del Gobierno Vasco y los aspectos que atañen a Gardelegi, se ha puesto de manifiesto el malestar del Ayuntamiento de la capital alavesa y la firme defensa de sus posiciones rechazando la llegada de amianto y fibrocemento al recinto.
En sus diferentes comparecencias, tanto el primer edil, Gorka Urtaran, como el responsable de Gestión Ambiental, César Fernández de Landa, han remarcado la carencia de autorización del vertedero para recibir este tipo de materiales peligrosos y tóxicos. Esta misma postura fue la expresada ayer por la tarde cuando DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA contactó con fuentes del equipo de gobierno para conocer su postura tras la comparecencia de Arantxa Tapia. Gardelegi es un vertedero de titularidad municipal con el Ayuntamiento como gestor del espacio. Cualquier cambio en el criterio sobre la llegada de materiales tóxicos al recinto debe partir de la remisión de un escrito del Ayuntamiento de Gasteiz hacia el Gobierno Vasco en el que se solicite ese cambio en la admisión de materiales. Es ahí donde el Consistorio hace valer su postura de propiedad para remarcar que no va a salir de la institución ese escrito en el que solicite admitir fibrocemento y amianto.
De la misma manera fue tajante ayer el gabinete Urtaran al negar cualquier tipo de conversación o negociación abierta que pudiera desprenderse de las palabras de la consejera Arantxa Tapia y un desenlace en forma de acuerdo.
Durante el pasado mes de diciembre la consejera del Gobierno Vasco ya señaló al recinto alavés como la “única alternativa que dispone Álava para poder almacenar de forma adecuada todo el fibrocemento que pueda existir en Vitoria y en todo el territorio. Es la actuación más responsable y la mejor forma de actuar””, expresó durante el desarrollo de un Pleno respondiendo al grupo PP+Cs. Apuntó hace tres meses a que, aprobado el plan de residuos del Gobierno Vasco y con la nueva ley del Estado en esta materia, se necesita “poner en marcha lo regido” y “establecer soluciones para la eliminación de todos los residuos que tengan en este momento cabida en los vertederos que no puedan ser valorizados”, como es el caso del fibrocemento.
Proyectos de interés superior
A la espera de que la cuestión se pueda resolver de una manera dialogada entre las partes, el Gobierno Vasco dispone de una herramienta como los Proyectos de Interés Público Superior (PIPS). Se trata de una enmienda al proyecto de la Ley de Administración Ambiental para cambiar la Ley de Ordenación del Territorio, introducida el pasado noviembre. De esta forma el Consejo de Gobierno del gabinete autonómico podría declarar Proyecto de Interés Público Superior cualquier infraestructura con supuestas mejoras medioambientales en la que hubiera promoción pública, pudiendo anteponerse a los criterios de los Ayuntamientos, por ejemplo.