Viviendas Municipales de Bilbao abre el foco para tratar de acabar con la exclusión residencial

Como un tren de borrascas. Inapelables. El sucesivo paso desde 2008 de crisis, aprietos y recesiones han dejado su huella en los colectivos más vulnerables y han empujado a muchas personas y unidades familiares a ese escenario de inestabilidad. El último episodio hostil de esta naturaleza ha estado protagonizado por la covid-19, una crisis primero sanitaria que derivó en económica y que ha terminado con graves impactos sociales como la pérdida de la vivienda habitual.

Efectos “especialmente virulentos” que han requerido de un respuesta institucional “para evitar la exclusión residencial de las personas especialmente vulnerables” ante situaciones de desahucio. El protocolo “renovado y mejorado” aprobado en el Consejo de Viviendas Municipales de Bilbao no recoge variaciones respecto a lo presentado el pasado mes de abril e incorpora medidas que respondan a la realidad actual de los desahucios y a la implicación de los servicios municipales para ayudar y orientar a las personas afectadas por este problema.

En este sentido, según dieron a conocer en la presentación de abril, las nuevas medidas buscan flexibilizar los supuestos descritos en el Real Decreto Ley 6/2012 que determina el perfil y las circunstancias de las personas en situación de especial vulnerabilidad ante el riesgo de pérdida de vivienda por falta de recursos para hacer frente al pago de la hipoteca y desahucios en general.

De esta forma, se pretende ampliar el espectro de situaciones susceptibles de recibir el apoyo público desde el servicio de atención frente a desahucios, aunque “muchos de estos casos”, como la atención a mayores de 60 años o a víctimas de violencia de género, “ya se están atendiendo, pero necesitan el soporte que va a dar la puesta al día de este documento”.

Además de contemplar un mayor número de supuestos de vulnerabilidad, las medidas incorporadas tendrán por objeto “promover la utilización de las herramientas necesarias para defender los derechos de estas personas ante el riesgo de exclusión residencial a consecuencia de un desahucio judicial”, apostillaban fuentes municipales. Así las cosas, se reforzará la orientación jurídica para las personas afectadas y se impulsará la colaboración entre las entidades públicas y los agentes inmobiliarios para cubrir los seguros y las garantías en los contratos de arrendamiento.

Del mismo modo, se reforzarán los mecanismos de información a las personas implicadas con el uso de una guía de recursos y actuaciones de sensibilización y formación en materia de vivienda para los operadores públicos y privados, así como para el tercer sector. Otros elementos novedosos que ayudarán a mejorar este servicio es la creación del Observatorio de la Vivienda en Bilbao que permita un mejor conocimiento de la realidad y la implementación de políticas específicas, o la puesta en marcha de una mesa interinstitucional con todas las entidades públicas implicadas con objeto de mejorar la eficacia en la prevención y en la gestión en esta cuestión.