“Menos rufianes y más gallardos”, proclamó el presidente de Vox, Santiago Abascal, en la noche electoral en Castilla y León cuando se certificó que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), solo podría repetir en el cargo con el apoyo de la formación de ultraderecha, encabezada en esa comunidad por Juan García-Gallardo. El cabeza de lista de Vox se confirmó poco después como vicepresidente de un Gobierno de coalición liderado por Mañueco y desde entonces se ha destapado como un eficaz promotor de las políticas más ultras de un partido ya de por sí muy esquinado.
La culminación de este espíritu de follonero de Juan García-Gallardo se produjo el pasado jueves con una rueda de prensa en la que anunció una serie de medidas “provida”, según su propia definición. Desde entonces, este plan antiabortista ha provocado un conflicto institucional con Moncloa, que ha interpuesto un requerimiento de incompetencia para proteger los derechos de las mujeres; y una crisis en el seno del Gobierno de la Junta, tras las amenazas de la formación de Abascal por el incumplimiento a su juicio del acuerdo de investidura.
El motivo de este choque entre los socios es la declaración que realizó el lunes Mañueco, cuando alegó que las medidas previstas por Vox no serán obligatorias para los médicos de la comunidad autónoma. La respuesta llegó en la mañana de ayer martes, cuando el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, aseguró que su partido “no dará ningún paso atrás” en el plan antiaborto anunciado en Castilla y León y amagó con salir del ejecutivo autonómico si el PP no hace seguidismo a sus propuestas. “Si no se cumplen los acuerdos tendremos que revisar si seguimos en el gobierno”, advirtió.
Poco después, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, matizó que “revisar el pacto y romper el Gobierno son cosas distintas”. Explicó que “no es romper el Gobierno, sino reevaluar su capacidad de cumplir los pactos”, en referencia al PP. Espinosa de los Monteros sí criticó al PP por “firmar cosas” y después “echarse atrás”, y les acusó de haber dado un “giro a la izquierda” del que culpó al nuevo portavoz del Comité Electoral popular, Borja Sémper, que según él ha “corregido” a Mañueco.
Vulneración de ley
El segundo frente que tiene abierto el Gobierno de Castilla y León por la acción de su socio minoritario es con Moncloa. El Consejo de Ministros aprobó ayer un acuerdo consistente en un requerimiento a la Junta, que es “el paso previo a la interposición de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional” tras el anuncio del Ejecutivo de que implantará un protocolo “antiabortista”.
En una conversación informal con periodistas en Davos (Suiza), Pedro Sánchez censuró que la administración castellano-leonesa no está siendo clara y vulnera una ley estatal, la de la interrupción voluntaria del embarazo. La portavoz de Moncloa, Isabel Rodríguez, aseveró que no van a permitir esta “tropelía” ni “un solo retroceso en materia de derechos y libertades de las mujeres”.
Feijóo
Sánchez, el “gaseoso”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cargó ayer contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por “montar un ruido” con un “requerimiento gaseoso” a la Junta de Castilla y León cuando el presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró el lunes que no se cambiará el protocolo de atención a la mujer embarazada. Añadió que Moncloa tiene “muchos problemas” y que trata de “minorarlos” creando “problemas inexistentes”.