Vox utiliza a la justicia como ariete político contra Sánchez y Urkullu

Los 52 escaños que tiene la ultraderecha de Vox en el Congreso de los Diputados no sirven para hacer que se tambalee el Gobierno español de Pedro Sánchez. No suma lo suficiente con la derecha española para tumbar sus leyes o hacer que prospere una moción de censura. Pero esos escaños le dan la llave para recurrir a un factor desestabilizador: supera los cincuenta escaños necesarios para presentar recursos ante el Tribunal Constitucional. Ya celebra como una primera victoria política que, a petición suya, los jueces hayan tumbado el estado de alarma entre marzo y junio de 2020 con el argumento de que, para confinar a la población en sus casas por el coronavirus, era necesario un estado de excepción que obligase a someterse con carácter previo a la votación del Congreso.

Vox celebra lo sucedido como un varapalo a Sánchez, lo que da una medida del uso político de los tribunales por parte de esta formación. También ha recurrido la Ley de Eutanasia porque cree que instaura "la cultura de la muerte", y la reforma educativa de Celaá porque la considera un ataque a la escuela concertada, la religión y el castellano. Estas dos últimas leyes también las ha recurrido el PP.

Es más evidente si cabe en la comunidad autónoma vasca, donde ha anunciado recursos contra la Ley Municipal de 2016 por el uso del euskera, la Ley Antipandemia vasca o, como avanzó hace meses Santiago Abascal, el nuevo estatus de autogobierno en cuanto se apruebe. El recurso a los tribunales proporciona a Vox la influencia y la visibilidad que no le han dado los ciudadanos en las elecciones. Solo tiene un escaño sobre un total de 75 en el Parlamento Vasco. Una prueba de que Vox fía buena parte de su estrategia política a los recursos judiciales es el protagonismo que está dando estos días a Macarena Olona, diputada y, precisamente, exabogada del Estado.

EUSKERA Y PANDEMIA

Vox ha sondeado ya al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre la Ley de Instituciones Locales de Euskadi (Ley Municipal), aprobada en 2016, y el decreto de 2019. La decisión de elevar una cuestión de inconstitucionalidad al TC queda en manos de la sala de lo contencioso-administrativo, presidida por el juez Garrido, con quien el Gobierno vasco ya ha tenido sus más y sus menos por tumbarle el cierre de bares en zona roja o la opción de instaurar un toque de queda, sin ponderar el riesgo para la salud en la misma medida que los tribunales superiores de otros territorios. Este tribunal ya ha dejado ver que le parece dudoso limitar el uso del castellano a los casos en que el miembro del organismo local pueda alegar válidamente que desconoce el euskera.

Olona confirmaba hace unos días el recurso a la Ley Antipandemia vasca aprobada en el Parlamento por PNV, PSE y Elkarrekin Podemos-IU. Lo hacía con el argumento de que el lehendakari se está transformando en un "virrey" que quiere imponer un Estado dictatorial con una norma que prevé el uso de la mascarilla mientras el Estado ha relajado su utilización en los exteriores. Es un argumento inexacto, ya que Euskadi se tiene que ajustar a la normativa estatal en ese punto, y el propio Urkullu ha planteado en público el uso de la mascarilla como una recomendación.

Estos recursos permiten a Vox agitar el discurso de la libertad frente a Urkullu, pero también frente al PP: a los populares los señala por haber votado en contra de la ley vasca pero haber impulsado una similar en Galicia; y, en cuanto al uso del euskera en la Ley Municipal, les afea que el expresidente Rajoy no la recurriera por un pacto con el PNV.

NUEVO ESTATUS

La ultraderecha ha amenazado con recurrir el nuevo estatus de autogobierno, un debate que se espera que el Parlamento retome este otoño y que Vox considera una reforma "ilegítima" desde una Cámara autonómica. De hecho, Vox ha defendido en el Congreso que se mantenga también el recurso previo de inconstitucionalidad de esta norma, que paraliza su votación en referéndum y su entrada en vigor hasta que el tribunal resuelva sobre el fondo del asunto; y propuso sin éxito reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para extender esa posibilidad de recurso previo a todas las leyes orgánicas de Sánchez, lo que supondría recuperar la estrategia obstaculizadora de Alianza Popular.