VW y el PERTE

Mientras llegan noticias que presagian el progresivo desmantelamiento de la planta de Volkswagen en Landaben, el portavoz socialista en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, nos cuenta que “Hay que destacar la coordinación entre la parte social y el Gobierno de Navarra, el trabajo conjunto con un PERTE para que esta empresa y las demás tengan futuro”. Es difícil discernir si sus palabras son engaño o ignorancia, mendacidad o incompetencia. Lo más probable es que se junten ambas actitudes. Porque la realidad es bien distinta. Los PERTE son proyectos de colaboración público-privada que constituyen el instrumento elegido por Moncloa para aplicar la mayor parte de los fondos de recuperación europeos. Sobre el PERTE de la automoción (denominado específicamente “para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado”), el Ministerio de Industria publicó en pleno agosto una resolución en la que se comprueba que de los 2.975 millones de ayudas previstas, únicamente ha podido autorizar 703 millones. Además, la empresa Ford ha renunciado a los 106,3 que le fueron adjudicados porque el proceso administrativo es tan complejo que no llegarían a tiempo para contribuir a sus planes de producción. Por tanto, sólo hay en marcha unos 600 millones, que dejan desierto el 80% del programa. Se da la circunstancia de que a Seat se le han adjudicado 167,3 millones, pero con la peor nota técnica de las diez autorizadas: la Comisión de Evaluación le ha otorgado una puntuación de 62,20, por debajo de Renault, Fagor, Sapa y Opel. Como es sabido, la empresa alemana propietaria de las marcas Volkswagen, Seat y Cupra ha decidido montar una fábrica de baterías en Sagunto, donde ya se habla de “la Seat de Valencia”. Ximo Puig, el presidente socialista de esa Comunidad, se prodiga en los salones de Madrid –lo hacía esta semana en una jornada organizada por elconfidencial.com– como apóstol de la movilidad sostenible. Se ha publicado también una noticia de esas que pasan desapercibidas, pero que debería tener carácter de escándalo. Una de las empresas a las que el Ministerio de Industria no ha adjudicado ayudas es la china Envisión, que preside en España el ex secretario de Estado de Energía en la primera legislatura de Sánchez, José Domínguez Abascal, que fue también alto cargo de la Junta de Andalucía con Chaves y sin duda es hermano en familia política de Alzórriz. El 18 de julio pasado, Pedro Sánchez apadrinó en Navalmoral de la Mata la habilitación de los terrenos donde Envisión quiere montar su factoría de baterías. Tras la denegación de las ayudas, fuentes del Ministerio de Industria han contado que se están estudiando las alegaciones de esta empresa, e incluso el presidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha dicho en público que “Habrá final feliz”. En efecto, podemos apostar a que se llevarán su buen paquete de millones en la repesca, con lo que tendremos ante nosotros la constatación de nuestra estupidez: en Europa habilitamos unos fondos (obtenidos mediante endeudamiento) para solventar una crisis sanitaria y económica fruto de un virus que se generó en un laboratorio chino, y ese dinero se lo vamos a dar… a empresas chinas.

Para que lo entendamos sin que nos lo tenga que explicar Alzórriz: gentes como Sánchez, Montero, Maroto, Puig, Fernández Vara o el mentado conseguidor Domínguez se están moviendo todo lo que pueden para montar los negocios que les interesan. Pero en Navarra, el prócer nos habla de algo tan banal a estos efectos como el diálogo social, mientras avanza inexorable el plan por depauperar la planta hasta que no quede otra alternativa que cerrarla. Y no será por falta de zanahorias. Según la Intervención General del Estado, hasta el mes de julio el Gobierno apenas había realizado pagos en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por valor de 4.499,66 millones de euros, el 15,8% de los 28.246 millones de fondos europeos consignados en los Presupuestos Generales. De los once PERTEs aprobados, en cuatro de ellos -economía circular, digitalización del agua, economía social y cuidados y microelectrónica y semiconductores- aún no se ha publicado ninguna convocatoria. En el caso del de microchips, además, aunque se trata del de mayor dotación económica (11.500 millones), el Gobierno no está encontrando empresas dispuestas a comenzar producción en España. Incompetentes para gestionar, sí; pero cuando surge un interés político tangible, caso de Puig o Fernández Vara, ahí están haciendo todo lo posible. En cambio, Landaben sólo merece la cháchara de Alzórriz.