Hace ahora 365 días junto con el bañador y la toalla, la política estatal estaba inmersa en una nueva campaña electoral tras la decisión de Pedro Sánchez de convocar elecciones para el 23 de julio de 2023 tras el batacazo en las elecciones autonómicas y municipales que se celebraron en mayo del año pasado. De forma paralela, entre mitin y mitin, se estaban cociendo los distintos gobiernos autonómicos donde el PP necesitaba de su socio preferente, Vox, para alcanzar los gobiernos autonómicos de Aragón Comunidad Valenciana , Murcia y Extremadura, junto a Castilla y León, donde ya tenía un acuerdo de coalición, y además, uno de investidura en Baleares, donde el PP gobierna en solitario.
Sin embargo, esa coalición en Gobiernos autonómicos y ayuntamientos ha saltado por los aires, aunque aún se mantenga en los ayuntamientos y veremos por cuánto tiempo. El desencadenante oficial fue el aceptar a regañadientes por parte del PP y en cifras mínimas la acogida de menores migrantes no acompañados que saturan Canarias, donde precisamente gobierna en coalición el PP con Coalición Canaria.
Sin embargo, a nadie se le escapa que detrás está la derivada de los resultados de las elecciones europeas cuando los de Abascal vieron cómo otra formación ultraderechista, Se acabó la Fiesta de Alvise, sacaba tres eurodiputados, la mitad que Vox. Ese toque de atención se ha traducido también en echarse a los brazos del húngaro Víktor Orbán –el aliado de Putin en la UE– y pasando a formar parte del mismo grupo en el Parlamento Europeo, una línea roja para el Partido Popular.
Aunque insisten en negarlo públicamente, en Vox saben que Alvise les está haciendo mella con un discurso extremista que puede llevar a los votantes de Abascal a pensar que se han acomodado en solo diez años, cinco de ellos dentro de las instituciones.
En ese contexto de radicalización de Vox –salpicado además con numerosas corrientes internas críticas con el liderazgo de Abascal–, el tema migratorio ha llevado al líder de Vox a romper la baraja, imponiendo su autoridad aunque a nadie se le escapa que la rebelión interna no ha hecho más que empezar. Abascal logró sacar por la mínima el Comité Ejecutivo del jueves por la tarde que validó su anuncio de romper los pactos de gobierno, y el viernes ya vio como al menos dos consejeros se negaban a dimitir y otro, aunque sí lo hizo, abandonó también el partido en desacuerdo con la decisión de romper los gobiernos de coalición en esas cinco autonomías.
Ha sido un año de gobiernos de coalición que han estado salpicados de polémicas pero, sobre todo, de retroceso. Aragoneses, murcianos, valencianos o extremeños, además de Baleares, han visto cómo las polémicas se sucedían un día sí y otro también, siguiendo la estela de Castilla y León, que en sus dos años de gobierno se han visto envueltos en polémicas que se convirtieron casi en el pan nuestro de cada día, como la intención de Vox de obligar a las mujeres que deseaban abortar en la comunidad a escuchar el latido del feto antes de dar su consentimiento. En este tiempo, Vox se ha tenido que comer algunos sapos, pero también el PP ha hecho caso omiso a lo que figuraba en su leitmotiv y en apartados como Igualdad o incluso inmigración ha tenido que decir aquello de donde dije digo, digo Diego.
Migración, el PP endurece el tono
De hecho, ha logrado que el PP haya endurecido su discurso y haya empezado a hablar de España como un “coladero” de inmigrantes, a vincular la inmigración con la inseguridad y hasta pedir mandar a busques de la Armada para controlar la inmigración. En esta materia, en todos los actos suscritos entre PP y Vox se hacía referencia a la inmigración como un campo de batalla, a excepción de Extremadura, curiosamente el pacto más costoso de cerrar ante la negativa de la popular María Guardiola a dar entrada a Vox en su Gobierno, aunque finalmente tuvo que plegarse ante las órdenes de Feijóo.
En cambio, en Baleares, donde Marga Prohens gobierna en solitario, es el pacto que más extensamente recoge el tema de la inmigración, exigiendo para el acceso a subvenciones y ayudas la acreditación de la residencia legal y no únicamente el certificado de empadronamiento.
Las leyes de memoria
Otro de los ejes de lucha han sido las leyes de memoria, un asunto clave para la ultraderecha española. Aragón abrió el camino y derogó la ley de memoria anterior, del PSOE, en una decisión anulada cautelarmente por el Constitucional. Ahora acaba de aprobar su plan de concordia, que reconoce a “todas las víctimas de la violencia ideológica” sin mencionar específicamente el franquismo ni la Guerra Civil.
Gabriel Le Senne (Vox), rompe la foto de una víctima de Franco.
En la Comunidad Valenciana, el mismo día que se rompía el pacto PP y Vox, aprobaban la ley que derogará la norma regional de 2017 y la sustituirá por una que abarcará desde 1931 hasta la actualidad e incluirá la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura y el terrorismo yihadista y el de ETA. Tras el parón veraniego llegará el debate de la ley en Castilla y León, norma que sustituirá a un decreto del PP. También está pendiente la ley extremeña. En Baleares, el inicio del trámite para derogar la ley de memoria estuvo trufado de polémica porque el presidente del Parlamento, Gabriel Le Senne, de Vox, rompió la foto de republicanas fusiladas en la Guerra Civil cuando echaba del pleno a dos diputadas socialistas.
Una nueva política lingüística
En la política lingüística, otro de los caballos de batalla de Vox, los de Santiago Abascal han logrado la libre elección de lengua en las escuelas de Baleares, aunque ningún colegio público se ha adherido al proyecto piloto. También habrá libre elección y vuelven las dos líneas educativas en la Comunitat Valenciana.
En Aragón, los planes del Ejecutivo de Jorge Azcón son retirar al aragonés y al catalán el reconocimiento oficial de lenguas propias de la comunidad. Vox, en cambio, no ha logrado establecer el llamado pin parental, la autorización previa de las familias a los contenidos afectivo-sexuales o ideológicos en las aulas.
La batalla cultural
Otras controversias que tienen como trasfondo la batalla cultural de Vox contra la izquierda han sido el veto a contenidos feministas y LGTBI en algunos municipios, como Burriana (Castellón), o la eliminación en la Comunidad Valenciana del premio Guillem Agulló contra los delitos de odio que otorgaba el Parlament valenciano y llevaba el nombre de un joven antifascista asesinado en 1993 por un neonazi.
Ha habido decisiones muy sonadas de Vox en algunos ayuntamientos, como el intento de retirar en Orihuela (Alicante) la habitual subvención municipal de 6.000 euros a la Fundación Miguel Hernández para el premio anual de poesía que concede, y que finalmente se mantuvo.
Igual que en Alpedrete (Madrid), donde el Ayuntamiento de PP y Vox trató de borrar los nombres de dos emplazamientos dedicados a Paco Rabal y Asunción Balaguer, aunque tuvo que dar marcha atrás a la decisión tras la polémica. Lo que sí salió adelante tras las exigencias de Vox fue la supresión del festival Periferias en Huesca, donde gobierna el PP.
Choques en medioambiente
En este área el PP cree que ha tenido controlado al socio minoritario pero lo cierto es que no siempre ha sido así y Vox sacó pecho de cada política que arrancó a los populares en medioambiente. PP y Vox se enfrentan por el agua en Aragón porque Vox es favorable al trasvase al contrario que el resto de fuerzas; por un proyecto de regadío en Extremadura, que los de Abascal quieren poner en marcha con o sin fondos de otras administraciones; y por el Mar Menor en Murcia, donde el PP ha dejado en el aire una ley impulsada por su exsocio.
El retroceso en Igualdad y violencia machista
En esta área tan sensible y con un insoportable número de mujeres muertas víctimas de la violencia machista, con 24 víctimas mortales y 15 menores muertos por culpa de la violencia vicaria, se han dado números pasos atrás en este delicado y sensible tema por todo lo referido a la igualdad. Aunque el PP defiende que las políticas para atajar la violencia contra las mujeres permanecen intactas, la llegada de Vox a los Gobiernos ha implicado transformaciones simbólicas y de lenguaje. Gestos muy cuestionados en administraciones como la valenciana, donde ya se habla sin tapujos de violencia intrafamiliar.
El término, recogido en el pacto de Gobierno de PP y Vox en la Comunitat Valenciana, no subraya la especificidad de la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo, al contrario del concepto de violencia machista, que sí enarbolan regiones como Extremadura o Murcia.
La igualdad es un elemento de choque entre ambos socios, con Vox tildando al feminismo de mafia y cuestionando las políticas contra la LGTBIfobia y con las banderas arcoíris desapareciendo de múltiples instituciones, aunque han resistido en otras.
En Castilla y León, la avanzadilla, el PP ha sabido postergar estos debates. Aún no ha presentado la anunciada Ley contra la Violencia Intrafamiliar y ha enterrado polémicas como la del protocolo antiaborto que presentó Vox y cuya aplicación descartó el presidente popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en un enfrentamiento que sigue latente pero sin generar ruido.
En este sentido, el PSOE ha identificado 131 medidas de retroceso en la lucha contra la Igualdad de género en las instituciones. Estas medidas de retroceso van “desde la eliminación de las consejerías de igualdad, hasta la eliminación de planes de igualdad, pasando por recortes presupuestarios o por acciones que nada tienen que ver con la violencia de género”.
Así una web aúna noticias y medidas tomadas por el PP y Vox como “Un hotel que trabaja para el Ayuntamiento de Madrid desalojó a víctimas de violencia de género para acoger a aficionados de la Champions” o “Vox borra del decreto de organización del Ayuntamiento de Palma referencias a la violencia machista y a la igualdad”. Otro ejemplo donde se tiene “menos tapujos” y que el PP por sí solo no había mostrado reticencias es, por ejemplo, la retirada de bancos de color violeta. Para los socialistas, “quitar el banco violeta significa que no se reconoce que la presencia de las mujeres, que la lucha contra la violencia, que la democracia que tiene que avanzar, se tiene que encontrar con gobiernos que la impulsen, que remuevan los obstáculos, que nos ayuden a poder seguir transitando un camino que está superando siglos de discriminación y por eso es algo que requiere del concurso de todos, también de los hombres”.