El consejero de Cultura y Política Lingüística y portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha pedido una "reflexión serena y profunda" sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco relativa a una OPE de la Diputación de Gipuzkoa porque "pone en conflicto dos derechos".
El TSJPV ha revocado el fallo de un juzgado de Donostia que avalaba la convocatoria de 34 plazas de cuidadoras de la Fundación Uliazpi, organismo autónomo de la diputación de Gipuzkoa de atención a discapacitados psíquicos, por considerar que discrimina a las personas sin perfil de euskera.
Dos derechos enfrentados
Preguntado por esta cuestión a su llegada el Parlamento Vasco, Zupiria ha considerado que la sentencia aborda "un tema serio que exige una reflexión serena" porque el fallo "pone en conflicto dos derechos: el derecho al acceso a un trabajo publico y el derecho lingüístico de los ciudadanos".
El consejero ha recordado que las políticas lingüísticas en Euskadi han sido "acordadas durante 40 años entre fuerzas políticas diferentes" y que este puede ser este "un buen momento para reforzar esos consensos".
Ha explicado que la normalización del euskera tiene como objetivo principal garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos para dirigirse a las instituciones tanto en euskera como en castellano y que en ese proceso el Gobierno vasco marca "los criterios básicos" para que luego cada institución desarrolle sus propios planes y "fije los perfiles lingüísticos necesarios y sus índices de preceptividad".
En este sentido ha dicho compartir la postura sobre la sentencia de la Diputación de Gipuzkoa, que este jueves apuntó: "Los derechos lingüísticos son de la ciudadanía y nos corresponde a las instituciones hacerlos cumplir para que se respeten" y, siempre desde el respeto a los tribunales, se debe exigir a los empleados públicos "el conocimiento de las dos lenguas oficiales de la Comunidad no es en absoluto, discriminatorio".
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