El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha insistido este martes que su Ejecutivo tiene intención de recurrir el fallo contra los requisitos sobre el conocimiento del euskera establecidos para el acceso a empleos públicos en Euskadi, en los que tanto la lengua vasca como el castellano son idiomas oficiales, por considerar que "se extralimita en sus funciones, no respeta la legislación que está en vigor para ocupar esas bolsas de trabajo, y no se ajusta a la legalidad vigente en materia lingüística".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Zupiria ha sido preguntado sobre las últimas decisiones judiciales relacionadas con la ley municipal y la nueva resolución judicial, dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Gasteiz, que anula varios apartados de una orden del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno.
Zupiria ha recordado que el Gobierno vasco ha tenido conocimiento de un fallo del Tribunal Constitucional, "cuyo contenido aún desconocen", ya que la información de la que dispone la han recibido a través de una nota de prensa del propio Constitucional que considera que el artículo 6.2 de la ley de entidades locales o ley municipal tendría carácter inconstitucional.
"Insisto, todavía desconocemos el contenido del fallo y desconocemos la argumentación que ha podido utilizar la mayoría de los miembros del plenario del Constitucional para llegar a esa conclusión", ha explicado.
Por otro lado, ha recordado que el Departamento de Gobernanza del Gobierno vasco anunció la semana pasada que va a recurrir una decisión del Tribunal Contencioso-Administrativo de Álava con respecto a diferentes cuestiones, -no todas lingüísticas, también algunas tenían que ver con la capacidad de autogobierno de nuestra comunidad y de nuestras instituciones locales- para la provisión de una bolsa de trabajo de interventores en los municipios.
En la orden del 22 de abril de 2021, anulada parcialmente, se convocó un proceso selectivo para constituir una bolsa de personal interino propio de la CAV, de secretarios e interventores, para cubrir los puestos reservados a personal funcionario de la escala de Secretaría-Intervención en las entidades locales.
La sentencia anula seis preceptos de la orden relacionadas con la capacidad del Gobierno vasco para la conformación de las bolsas, la idoneidad del proceso selectivo, y la exigencia de acreditación de perfiles lingüísticos.
Según ha recordado Zupiria, el Gobierno tiene intención de recurrir este fallo por considerar que "se extralimita en sus funciones, no respeta la legislación que está en vigor para ocupar esas bolsas de trabajo, y porque considera que no se ajusta a la legalidad vigente en materia lingüística".
"Por lo tanto, en cualquiera de los dos casos, en uno estaríamos hablando de la ley de Entidades locales, en el otro estaríamos hablando de la provisión de una bolsa de trabajo, y no creo que, sin más, se pueda extrapolar ni a otros ámbitos, ni a otras actividades", ha concluido.